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Maastricht incluirá una estrategia común para el empleo

Xavier Vidal-Folch

La reforma del Tratado de Maastricht incluirá el empleo como nuevo objetivo de la Unión Europea (UE), un mecanismo para coordinar las quince políticas contra el paro y un esbozo de estrategia común. Esta se basará en "recomendaciones" del Consejo al Gobierno que incumpla las directrices acordadas. Los países nórdicos quieren ir más lejos y Bélgica exige ayudas económicas para las políticas de empleo. Alemania plantea tres reservas y el Reino Unido se opone. Pero ya hay una base común, redactada por la presidencia irlandesa, que se hará pública mañana.

La presidencia irlandesa presentará mañana al Consejo de ministros de Asuntos Generales (Exteriores) el borrador del Tratado de Maastricht reformado. Es un texto todavía con muchos corchetes, que recogen las múltiples discrepancias de los socios. Se elevará a los quince líderes en la cumbre de Dublín de los próximos días 13 y 14, para que lo aprueben como documento-base con vistas a cerrar la reforma en Amsterdam, en junio de 1997.

El último texto de la presidencia recoge lo que puede ser el consenso de los Quince sobre el empleo. El Reino Unido es contrario. Aparte de él, sólo Alemania mantiene tres reservas: si gracias al texto reformado los ciudadanos podrán recurrir judicialmente contra sus Gobiernos en el caso de que incumplan; si supondrá nuevos desembolsos financieros para financiar la estrategia común; y si puede levantar "falsas expectativas".

El borrador irlandés reforma el Tratado, añadiendo un nuevo objetivo: la UE deberá perseguir "un alto nivel de empleo". El principal instrumento para ello será "la creación de una coordinación entre las políticas nacionales de empleo con objeto de aumentar su eficacia [mediante el desarrollo de una estrategia común en pro del empleo]".

Preocupación común

A partir de ahí, la presidencia propone añadir un nuevo título o capítulo, con seis artículos. Sus ideas clave estriban en que los Gobiernos "llevarán a cabo sus políticas de empleo nacionales" de acuerdo con las orientaciones globales comunes de política económica, "considerarán el fomento del empleo asunto de preocupación común" y "coordinarán sus actuaciones". La Comunidad completará las políticas nacionales e incorporará siempre el objetivo empleo al definir y aplicar las políticas comunitarias.Los mecanismos para lograrlo son un "examen anual conjunto" de la evolución del problema, del que saldrán "unas directrices" comunes. Los Gobiernos las "tendrán en cuenta en sus estrategias nacionales de empleo" e informarán anualmente al Consejo de las medidas que hayan adoptado una vez al año, y éste por mayoría cualificada, "podrá, si así resulta adecuado, hacer recomendaciones a los Estados miembros". Le ayudará en la tarea un nuevo Comité de Empleo, de carácter consultivo.

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Varios países han presentado textos propios. El de España es menos ambicioso que el irlandés. Propugna "promover la creación de empleo", y no "un alto nivel de empleo", apoya la "coordinación" pero sin enhebrar "una estrategia común" y no menciona las "recomendaciones" del Consejo a quienes incumplan.

Los países nórdicos pretenden ir mucho más allá. Austria reivindica en su texto los objetivos del "pleno empleo", la flexibilidad laboral, la "promoción de un equilibrado reparto del trabajo", y la completa igualdad laboral hombre-mujer. Propugna que cada Gobierno establezca un "programa plurianual" de empleo y pretende aumentar la presión moral de las recomendaciones a quienes se desvíen de la estrategia común, haciéndolas públicas y dando un ultimátum al Gobierno incumplidor. Suecia, en actitud similar, pide "normas detalladas sobre el procedimiento de supervisión multilateral". Y Dinamarca exige la paridad de los ministros de Economía y los de Trabajo en estos asuntos.

Bélgica les desborda. Postula que los países "que apliquen programas plurianuales" puedan "beneficiarse del apoyo financiero" comunitario "con objeto, en particular, de llevar a cabo experiencias de reforma del mercado laboral". Le apoya el Parlamento Europeo, al precisar que "si el paro se agrava o persiste" en un Estado miembro, podrá obtener ayudas del Banco Europeo de Inversiones o de los fondos estructurales. Justo a lo que se opone Alemania.

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