Paz por presos

¿SERÍA POSIBLE cerrar el capítulo de los GRAPO mediante alguna fórmula dialogada que favorezca su autodisolución? Los propios terroristas lo habían planteado algunas veces, pero siempre en términos que incluían contrapartidas políticas que ningún Gobierno, podría asumir. Ahora se ha sabido, sin embargo, de la existencia de alguna propuesta lo bastante realista como para ser tomada en cuenta. Sobre esa base el actual ministro del Interior, Mayor Oreja, ha autorizado que prosigan los contactos iniciados bajo el mandato de su predecesor Belloch. Agentes del Cesid han mantenido varios encuentros con presos de los GRAPO.La concentración de varios antiguos dirigentes en la prisión de Sevilla ha sido una concesión preliminar de la administración penitenciaria para favorecer el proceso. Las reivindicaciones que plantean a cambio del abandono de la violencia son la legalización de su brazo político -el autodenominado PCE Reconstituido- y la concesión de indultos y otras medidas que permitan la paulatina salida de prisión de los 59 activistas que permanecen encarcelados. Un proceso, en resumen, similar al que hizo posible, hace 14 años, la autodisolución pactada de ETA Político-militar.

Es evidente, sin embargo, que ningún acuerdo podrá concluirse sin aclarar el destino de Publio Cordón, secuestrado por esa banda en junio de 1995 y que sigue en paradero desconocido. El Ministerio del Interior ha confirmado los contactos, precisando que cualquier eventual acuerdo se producirá en el marco de la legalidad. Pese a ello, algunas voces, como la de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, han mostrado sus reticencias. Su posición es comprensible porque, ciertamente, a otros delincuentes no se les da la ocasión de salir de la cárcel sólo por decir que no piensan reincidir. Así y todo, si hubiera garantías de un efectivo abandono de la violencia, no habría que descartar la búsqueda de fórmulas que faciliten la autodisolución. Si la voluntad de dejarlo es sincera, como lo era en el caso de los polimilis, esas fórmulas, y su encaje más o menos forzado en la legalidad, acaban encontrándose.

Esa es de momento la diferencia con ETA: que nada indica que esta organización tenga voluntad de abandonar las armas. Por eso plantea contrapartidas políticas que sabe inaceptables para cualquier Gobierno democrático.