Aranda califica de "ataque institucional" que Liaño le cite en el 'caso Lasa-Zabala'

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, calificó ayer de "ataque institucional" la citación recibida del juez Javier Gómez de Liaño para que declare como testigo en el caso Lasa-Zabala. Salvo que el fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, con quien Aranda se reunirá hoy por la mañana, le ordene que preste declaración, la intención del fiscal jefe de la Audiencia Nacional es no hacerlo. El presiente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, recuerda que el fiscal debe resolver sobre la incompatibilidad entre ser testigo y parte del proceso.

Aranda considera que la iniciativa de Gómez de Liaño constituye un ataque al Ministerio Fiscal. Según declaró ayer, "si un juez de instrucción quiere eliminar a un fiscal de un caso, basta con que le cite y, en el supuesto de que acepte declarar como testigo, quedará invalidado para intervenir como fiscal". De ahí que el criterio de Aranda sea el de no prestar declaración ante el magistrado.Gómez de Liaño ha utilizado el artículo 412 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado por la ley orgánica de 10 de julio de 1991, según el cual los fiscales de sala del Tribunal Supremo (Aranda tiene esa categoría) están "exentos de concurrir [a la citación judicial], pero no de declarar y pueden hacerlo en la sede del órgano de que sean miembros".

Fuentes judiciales estiman que tal previsión legal se refiere a informaciones que los fiscales hubieran podido obtener fuera del proceso, pero no como parte del mismo.

No recurrible

Las mismas fuentes recuerdan que, en todo caso, el mismo artículo 421 de la ley procesal penal recomienda al juez de instrucción que procure "omitir la evacuación de citas impertinentes o inútiles". En cambio, reconocen que tal ley concede un gran margen de investigación al instructor. La ley admite el recurso sólo si el juez deniega pruebas, pero no pueden ser recurridas las que él ordene practicar. La citación de Aranda entra, en principio, en el segundo apartado.El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo José Luis Manzanares, ex vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde coincidió con el entonces vocal Gómez de Liaño, admitió a Europa Press Televisión que la citación al fiscal no es "una diligencia muy habitual".

"Participo de la sorpresa más o menos generalizada que esa actuación ha generado", añadió Manzanares, "pero el juez es el instructor y es él quien tiene que pronunciarse sobre qué diligencias son necesarias o convenientes para llevar adelante la investigación en un caso tan grave como el de Lasa y Zabala". Aseguró que "gracias a los crímenes de los GAL vive la Audiencia Nacional esta situación tan difícil".

Algunas fuentes relacionan la insólita citación de Gómez de Liaflo con la reciente petición que le hizo el fiscal Aranda para que concluya cuanto antes la instrucción del caso Lasa-Zabala. ELobjetivo de tal solicitud no era otro, según fuentes judiciales de la Audiencia Nacional, que el de celebrar pronto el juicio oral, tras los éxitos obtenidos por el juez, que logró el procesamiento del general Enrique Rodríguez Galindo y su confirmación por el correspondiente tribunal colegiado.

Precedente

Un precedente de citación similar a la de Aranda se produjo en el juicio por la desaparición de Santiago Corella, El Nani, en 1988, en el que el abogado del comisario Javier Fernández Álvarez pidió la comparecencia del juez instructor del caso, Andrés Martínez Arrieta. La petición fue denegada.Para la vista oral contra 19 guardias civiles del caso UCI-FA (Unidad Central de Información Fiscal Antidroga), prevista para enero de 1997, alguna de las partes pidió la declaración de los fiscales antidroga, pero también fue rechazado.

Entre los posibles motivos de Gómez de Liaño para llamar al fiscal Aranda, fuentes de la Audiencia Nacional apuntan la reciente inspección realizada en la fiscalía, propiciada por el fiscal jefe.

Las presuntas infracciones de mayor gravedad se refieren a la fiscal María Dolores Márquez de Prado, amiga íntima de Gómez de Liaño. La supuesta utilización por parte de los Fiscales Pedro Rubira e Ignacio Gordillo de licenciados en Derecho que preparan sus oposiciones a fiscal para realizar la calificación jurídica de causas en tramitación carece de entidad disciplinaria sufilciente, según tales fuentes.

En cuanto a la desobediencia del fiscal Rubira a Aranda, en relación con la petición de libertad con fianza para el general Rodríguez Galindo, tales fuentes estiman que "no se trataba de una orden terminante".