Liaño cita a declarar al fiscal jefe Aranda sobre la ocultación de datos en el 'caso Lasa-Zabala'
Nuevo episodio de la guerra que se libra en la Audiencia Nacional. El juez Javier Gómez de Liaño ha citado a declarar al fiscal jefe de la Audiencia, José Aranda, en relación con una posible ocultación de datos en el sumario del caso Lasa y Zabala. La citación está relacionada con las conversaciones mantenidas por el fiscal Ignacio Gordillo y el abogado Íñigo Iruin cuando se descubrieron los cadáveres de los etarras en la localidad alicantina de Bussot. Gordillo ya ha presentado un informe sobre estos hechos al juez y ha declarado que el fiscal jefe estuvo en todo momento enterado de sus contactos con Iruin. Es la primera vez que un fiscal declara ante un juez de su jurisdicción por hechos conocidos en el ejercicio del cargo.
Aranda estaba ayer indignado. Al día siguiente de que hubiera instado al juez Gómez de Liaño a que cierre cuanto antes la instrucción del caso Lasa-Zabala y levante el secreto del sumario, el magistrado le ha citado para que aclare lo que conozca de las conversaciones entre el fiscal Gordillo y el abogado de Herri Batasuna, que representa a los familiares de los dos etarras, en los inicios de la investigación.En la citación se señala que el juez acudirá el próximo lunes, día 2, a las 11 de la mañana, al despacho de Aranda para tomarle declaración en relación con el informe remitido por el fiscal Gordillo y la declaración prestada por éste. El fiscal jefe se preguntaba acerca de la legalidad de su citación y qué ocurriría si el lunes "estaba reunido".
Aranda no conocía ayer que su subordinado hubiera remitido un informe a Gómez de Liaño, ni su contenido, ni que hubiera declarado sobre sus contactos con Iruin, por lo que pidió explicaciones a Gordillo.
El fiscal jefe puso la citación en conocimiento del fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, y del presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, quienes se mostraron sorprendidos por la citación. Precisamente Ortiz Úrculo remitió esta semana al Consejo General del Poder Judicial un escrito que había enviado Gómez de Liaño a la Inspección de la Fiscalía en el que reclamaba la entrega de las cintas y grabaciones entre el fiscal Gordillo y el abogado de HB sobre el caso Lasa-Zabala. El jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, ya contestó en un duro escrito a Gómez de Liaño que no tenían cintas ni grabaciones, y que si las tuvieran ya las habrían remitido al juzgado.
Gordillo, por su parte, en su informe escrito a Gómez de Liaño, destacó que cuando tuvo conocimiento de que los cadáveres encontrados en Bussot correspondían a Lasa y Zabala, informó de ello al abogado de HB, con el que ha mantenido las relaciones normales que mantiene con todos los abogados. Nunca, según el informe, se ocultó ninguna información ni hubo datos que no se incorporasen al sumario. Además Gordillo afirmó en el informe que el fiscal jefe Aranda estuvo siempre informado de sus gestiones.
Sorpresa e indignación
En medios fiscales y judiciales, la citación de Aranda causó estupor, sorpresa, y en algunos casos, indignación. Un miembro de la carrera fiscal llegó a sugerir ayer a Aranda que considerase la posibilidad de presentar una denuncia por presunta prevaricación contra Gómez de Liaño.
En medios judiciales de la Audiencia Nacional se comentaba, sin embargo, que la decisión de Gómez de Liaño tiene por objeto atar todos los cabos para que no le puedan decir que el caso Lasa-Zabala está viciado desde el origen ya que se ocultaron datos a la investigación. El magistrado investiga un delito del artículo 466.2 del Código Penal, que se refiere a la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas cuando ésta fuese realizada por el juez, el fiscal, o funcionarios de la Administración de Justicia. El juez, que ayer sufrió una indisposición y tuvo que ser examinado por la forense del juzgado, levantó parcialmente el secreto del sumario.
No obstante el magistrado mantiene el secreto de varias piezas de la causa, entre las que figuran la de los papeles de Cesid, la relativa al patrimonio del general Enrique Rodríguez Galindo, la de las identidades falsas, la de los testigos protegidos, la que recoge la paliza al testigo 1964 / S, así como las diligencias propuestas por el fiscal el pasado día 21.
Por otro lado, la sección segunda de la Audiencia ha pedido al juez Gómez de Liaño que le amplíe el informe en el que éste justificaba la necesidad del mantenimiento del secreto de las actuaciones.
