La Inspección propone que el Supremo juzgue a la fiscal Márquez de Prado por ocultar pruebas

El jefe de la Inspección del Ministerio Fiscal, Juan José Martínez Zato, propone en su informe sobre la inspección practicada en la Audiencia Nacional la apertura de expedientes sancionadores a Ignacio Gordillo, Pedro Rubira y María Dolores Márquez de Prado, así como la remisión al Tribunal Supremo de la actuación de esta última por ocultar un informe pericial en el sumario del atentadocontra José María Aznar, lo que podría ser constitutivo de una infracción penal. Según fuentes jurídicas, la propuesta de Martínez Zato obra en poder del fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, desde el pasado lunes.

La inspección "ordinaria" abierta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional acabará con sorpresas. Según las fuentes consultadas por este periódico, el informe de Martínez Zato contiene dos llamativas conclusiones: la primera, la apertura de un expediente disciplinario sancionador a los fiscales Ignacio Gordillo, Pedro Rubira y María Dolores Márquez de Prado, y la segunda, la propuesta de que el Supremo establezca si la citada fiscal pudo haber incurrido en infracción penal. Tanto el fiscal del Estado, Juan Ortiz Úrculo, como el jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato, se negaron a confirmar a este periódico cualquier información sobre el contenido o el sentido de las propuestas.El comportamiento de Márquez de Prado ha causado asombro en la Audiencia Nacional. Tanto, que el jefe de la Inspección es contundente: propone remitir al Tribunal Supremo las actuaciones de esta fiscal, compañera sentimental del juez Javier Gómez de Liaño, por presunta ocultación de pruebas en relación con la causa que se sigue por el atentado terrorista de ETA contra el presidente del Gobierno, José María Aznar.

La Inspección encontró un informe policial fechado el 23 de noviembre de 1995 que la fiscal no puso en conocimiento del instructor, Manuel García Castellón, ni remitió para su incorporación al sumario. Ese informe negaba la posibilidad de que las huellas encontradas en los vehículos utilizados por los etarras que participaron en el atentado fueran de Mikel Azurmendi Peñagaricano, Hankas, o Nagore Múgica Álvarez, cuyo procesamiento, pese a todo, siguió pidiendo reiteradamente la fiscal.

Ocho meses antes del atentado, ambos etarras fueron interceptados por un pareja de la policía municipal en la calle Arturo Soria de Madrid, cerca del domicilio de Aznar, pero consiguieron huir en un coche tras desarmar a los agentes. En el vehículo, que luego apareció abandonado, se encontraron las huellas de Hankas.

Partiendo de este hecho, tras el atentado a Aznar, el 19 de abril de 1995, la fiscal Márquez de Prado pidió insistentemente el procesamiento de Hankas, deduciéndolo de las "muy probables probabilidades" de que éste hubiera participado en el atentado. El juez García Castellón, e incluso los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, se opusieron por no apreciar indicios contra Hankas, pero la fiscal interpuso recurso tras recurso. La última vez que pidió el procesamiento de este activista fue el 26 de septiembre.

Policía Científica

Según las fuentes consultadas por este periódico, tras la existencia de un primer informe policial negativo sobre huellas de Hankas, la fiscal pidió otro a la Comisaría General de Policía Científica. El cotejo de las huellas de los DNI de Hankas y de Nagore Múgica con las de los coches utilizados en el atentado a Aznar fue negativo. Este segundo informe permaneció en la fiscalía y nunca llegó a conocimiento del juez ni de las demás partes. Casi un año después la fiscal aún reiteraba la petición de procesamiento de Hankas.

Fuentes judiciales calificaron estos hechos de "deslealtad procesal, cuando menos" y señalaron que, si grave es incurrir en ella por cualquiera de las partes del proceso, por parte del ministerio fiscal resulta una conducta "intolerable".

Durante la instrucción del atentado a Aznar, la fiscal Márquez de Prado reclamó diligencias a cual más asombrosas: pidió el número y la identidad de los agentes que custodiaban a Aznar, trató de hacerles declarar en la causa y, finalmente, consiguió que la Sala de lo Penal, contra el criterio del juez García Castellón, autorizase el interrogatorio del entonces director general de Policía, Ángel Olivares, por supuesta negligencia.

Por lo que respecta a Gordillo y Rubira, la Inspección considera que podrían haber incurrido en responsabilidad disciplinaria por la comisión de alguna falta contemplada en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, concretamente al haber utilizado, presuntamente, a licenciados en Derecho -que se preparan en la Audiencia para las oposiciones a fiscal- para realizar la calificación jurídica de causas en tramitación en la Audiencia Nacional.

Según las fuentes informantes, la Inspección sorprendió a estos estudiantes calificando causas en tramitación. Tras ser llamados al orden, se les mandó paralizar de inmediato esa actividad.

El informe de la Inspección remata la llamada guerra de los fiscales, desatada a raíz de las continuas discrepancias de algunos fiscales de la Audiencia Nacional con su inmediato superior, José Aranda.

El último incidente público se suscitó en la instrucción del caso Lasa-Zabala, cuando Pedro Rubira se negó a pedir la libertad del general Enrique Rodríguez Galindo, desoyendo el criterio de Aranda. Éste esperó al nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, Juan Ortiz Úrculo, para contraatacar con una inspección "ordinaria". Ahora Úrculo tiene las conclusiones.