Los sindicatos fijan la huelga de funcionarios el día 11 y la extienden a aeropuertos y televisiones

Los sindicatos de la función pública han fijado finalmente para el día 11 de diciembre la huelga de todo el sector para reclamar al Gobierno que retire la congelación salarial y cumpla los acuerdos pendientes. El paro ha sido convocado en las administraciones central, autonómica y local; sanidad; enseñanza; justicia, y también en las empresas y entes públicos con sus convenios bloqueados por la congelación. Eso supone que el conflicto se extenderá a los trabajadores de aeropuertos y las televisiones. La oferta del Gobierno lejos de amortiguar los planes de los sindicatos les ha hecho reaccionar con más presión, y a la reunión del día 3 acudirá el comité de huelga, "para que si hay acuerdo tenga eficacia general como el de los médicos".

Las centrales más representativas de los empleados públicos -CC OO, UGT y CSI-CSIF-, así como ANPE de enseñanza, y los sindicatos de auxiliares de enfermería (SAE) y de ATS (SATSE), decidieron ayer convocar para el próximo 11 de diciembre una huelga de 24 horas para los dos millones de trabajadores que reúne el sector. El paro cuenta con el apoyo de los sindicatos de policía SUP y UFP, pero como ese colectivo no tiene reconocido el derecho de huelga, expresarán su rechazo a la congelación con una manifestación esa misma jornada. Abandonaron la reunión USO, que proponía más días de huelga y una consulta previa, y STE'S, LAB, ELA, CIG y CGT, que no participaron en anteriores movilizaciones. Los sindicatos convocantes suman el 93% del sector.La oferta que les presentó el miércoles el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, no ha servido para parar la convocatoria de huelga. A los sindicatos les ha parecido insuficiente la propuesta de pacto a tres años, que mantiene la congelación salarial para 1997 y recoge un incremento igual a la inflación prevista para 1998 y que "podría ser" igual en 1999 si la situación económica lo permite. Ante eso, han respondido aumentando la presión extendiendo la convocatoria de huelga a entes o empresas públicas que se van a ver afectadas por la congelación al aplicarse el mismo criterio. El Gobierno respondió ayer que mantendrá su postura.

Enrique Alonso (CSIF), Carlos Sánchez (CC OO) y Julio Lacuerda (UGT), además, advertían al Ejecutivo de que la huelga no será el final de las movilizaciones. En enero seguirán la protestas "mientras el Gobierno no dé una salida digna a los motivos que han provocado el conflicto".

Frente a la oferta de la Administración, la petición "mínima" de los sindicatos es que el Gobierno respete el acuerdo firmado en septiembre de 1994 con la Administración socialista y que prevé un aumento igual a la inflación prevista para 1997.

Las centrales consideran positivo el gesto del ministro y que abra la mesa de negociación, pero no les parece suficiente. A la reunión del próximo día 3, acudirá el comité de huelga a reclamar el mantenimiento del poder adquisitivo y parte del perdido en años anteriores (en tomo a un 11%). Y, sobre todo, reclamarán "seguridad jurídica" -como los médicos especialistas- si se pacta algo, para que no haya incumplimientos.

Mientras tanto, y cargados de un gran escepticismo, trabajarán en la preparación de la huelga, que ha sido convocada para todas las administraciones públicas por el conjunto de los sindicatos citados. En el caso de CC OO y UGT, la hacen extensiva también a los trabajadores de entes y empresas públicas que reciben subvención -afectados por el artículo 17 del capítulo 1 de los Presupuestos Generales- y que tienen sus convenios bloqueados por la congelación salarial. En unos casos se trata de pactos cerrados en meses pasados que se quieren incumplir y en otros de empresas donde las direcciones les ha comunicado el aumento cero para 1997. Los dos sindicatos han concretado ya la extensión del paro a Aeropuertos Nacionales (donde están los controladores aéreos y otros empleados de aeropuertos), RTVE, televisiones autonómicas, Retevisión, Banco de España, BOE y Casa de la Moneda.

La ampliación del paro fue explicada por Julián Jiménez, responsable de transportes de CC OO: "No vamos a propiciar la confluencia artificial de la movilización, pero no se puede perder de vista que esos convenios están bloqueados por la congelación". Sánchez, de servicios públicos de CC OO, añadió que los trabajadores del sector industrial estatal están inmersos en una inseguridad enorme y, "o bien se suman a esta movilización, o se oponen con otras protestas" a los planes del Gobierno. Propuso que el dinero que se descuente por la jornada se destine "a ayuda humanitaria, a ONG y al Zaire". Julio Lacuerda apostilló: "Y a nuestros servicios sociales y a Cuba".