Gana Cascos

EL PRESIDENTE Aznar respaldó ayer a su ministro de Industria, Josep Piqué, abiertamente desautorizado la víspera por el grupo parlamentario del PP, con su portavoz a la cabeza. El respaldo moral de Aznar no cambia el hecho de que el plan de reordenación del sector del carbón propuesto por Piqué en el marco del protocolo eléctrico haya sido abandonado. En el pleito entre criterios de racionalidad económica y de oportunidad política que se ha dirimido estos días en el seno del Gobierno y de la dirección del PP ha vencido la política. Es decir, Álvarez Cascos, que intervino para intentar calmar a los mineros, pero también a los dirigentes locales del PP -en Asturias y León, sobre todo-, inquietos ante las repercusiones electorales que podría tener el asunto.El protocolo eléctrico aspira a definir un modelo de competencia en el sector similar a los existentes en otros países. Una de las condiciones esenciales para ello sería,, liberar a las empresas eléctricas de la carga de tener que adquirir carbón nacional, cuyo precio es muy superior al de mercado: hasta seis veces más caro si se toma como referencia el producido en las minas de Hunosa. Ese sobreprecio se traslada tal cual a la factura, lo que significa que el consumidor subvenciona a un sector que ya recibe subvenciones directas a la explotación. Pero si se liberalizase totalmente el mercado, las minas españolas, o la mayoría de ellas, se verían abocadas al cierre. El objetivo sería, por tanto, diseñar una política energética capaz de abaratar la electricidad a un coste social asumible.. No es un problema exclusivo de España. La minería del carbón es deficitaria en muchos países, comenzando por Alemania. Pero se considera que las subvenciones que la mantienen pueden justificarse por razones sociales y de autonomía energética.

El problema es, entonces, de medida: determinar cuál es el sobrecoste que razonablemente puede asumir la sociedad española para mantener en activo el sector del carbón. Del incesante debate por tierra, mar y aire producido estos últimos días -y que ha puesto de relieve la eficacia comunicacional de los diversos sectores interesados- se deduce que el problema de Asturias es diferente, y más grave, que el de León o Teruel. Las minas leonesas, por ejemplo, que pertenecen a empresas privadas y ocupan a unos 8.000 trabajadores, producen a un precio superior al de mercado, pero más soportable en el marco de una política de solidaridad interregional por un país como España. No está claro que lo mismo pueda decirse del carbón asturiano.

El acuerdo alcanzado ahora consiste fundamentalmente en suprimir del protocolo eléctrico toda referencia a la reducción de las subvenciones al carbón, mantener éstas durante 1997 y negociar a partir de ahora el futuro del sector, incluyendo eventuales inversiones alternativas. A no ser que se pretenda renunciar al objetivo de reducción de costes energéticos -decisivo para mejorar la productividad de la industria española-, ello significa que los Presupuestos del Estado asumirán la parte de sobrecoste que hasta hoy pagaban los consumidores. La electricidad será más barata, pero el Estado habrá de aumentar en unos 100.000 millones de pesetas al año las subvenciones a la minería del carbón. Va a contrapelo de las prioridades de reducción del gasto y del déficit público de la actual política presupuestaria.

Las cosas son, sin duda, más complicadas de como se veían desde la oposición. Los anuncios de privatización generalizada del sector público, incluyendo Hunosa, con que irrumpió el ministro Piqué eran muy rotundos. Pero hay cosas que no son factibles o sólo se pueden hacer paso a paso, mediante negociaciones parciales. De lo contrario, se corre el riesgo de estar rectificando permanentemente la intención inicial.