Cuestión autonómica

NO SÓLO los nacionalistas, sino todos los partidos vascos y catalanes defienden los planteamientos de los primeros en cuanto a financiación de sus respectivas comunidades. En Euskadi, ni los socialistas ni los populares ven mal que se renegocie el concierto añadiendo nuevas competencias como la de recaudar los impuestos especiales, y nadie ha protestado, que se sepa, por la anomalía de que el cupo pueda resultar negativo. En Cataluña, los socialistas del PSC respaldan la atribución a las comunidades de capacidad normativa en relación al IRPF, en contra de la posición de Felipe González, que acaba de pedir a Pujol que renuncie a esa posibilidad.Parece existir, por tanto, una lógica de defensa de los intereses particulares de cada comunidad que desborda las adscripciones políticas. Es hasta cierto punto lógico que ocurra así: sin esa adaptación, sería muy difícil a los partidos de ámbito español competir frente a los nacionalistas o regionalistas, que ofrecen ventajas constatables, y ahora se ve que alcanzables, en el terreno económico. Pero es precisamente esa realidad la que aconseja establecer unas reglas de juego que impidan que cada vez que el partido del Gobierno necesite el respaldo parlamentario de los nacionalistas se desate una dinámica revisionista de los límites del Estado autonómico, con su secuela de agravios comparativos. Aparte de otros motivos, porque esa dinámica es a la larga incompatible con el funcionamiento del Estado autonómico. Éste implica un equilibrio entre reivindicaciones particularistas y resistencia a la desagregación. Esa resistencia es, por definición, responsabilidad del Gobierno central, pero si su debilidad le hace depender en exceso de los aliados nacionalistas el equilibrio se rompe.

Una respuesta posible a ese problema fue la oferta de González, dos semanas atrás, de un pacto entre los dos grandes partidos nacionales -PP y PSOE- que fijase límites en las concesiones a los nacionalistas. Una derivación de esa oferta es la defendida estos días por el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ofreciendo al Gobierno el apoyo del grupo parlamentario socialista si perdiera el de los nacionalistas por no ceder a las exigencias de estos últimos. El ministro Rajoy ha acusado a los socialistas de "ofrecerse como bomberos de un incendio provocado por ellos". Es un reproche bastante injusto. Fue Pujol quien abrió la carrera al reclamar un sistema de financiación similar al vasco, y no contribuyó a cerrarla la forma como el Gobierno negoció el concierto con el PNV. Pero es cierto que resulta llamativo que los socialistas consideren excelentes las concesiones que ellos hicieron en 1993 (15% del IRPF) y nefastas las realizadas ahora por el PP (30% y capacidad normativa). Hace tres años fue el PP quien ofreció al Gobierno, entonces presidido por González, un "pacto de Estado" condicionado a que rectificase sus cesiones sin principios a los nacionalistas.

Esa simetría induce a pensar que el problema no es coyuntural. Mientras los nacionalistas sean imprescindibles (e insustituibles) para completar mayorías de Gobierno, esa dinámica será difícilmente evitable. Porque está en la naturaleza de los nacionalismos intentar aprovechar las debilidades del Gobierno central para aumentar su poder; y porque esa dinámica es de sentido único: cualquier concesión se considerará terreno conquistado, sin posible marcha atrás, mientras que cualquier negativa será provisional. Pero si el problema es de debilidad del Gobierno central, y ello ocurre tanto si gobierna el PSOE como si lo hace el PP, sería lógico pensar en algún acuerdo entre ambos que refuerce la posición negociadora del Gobierno en plaza. Sobre todo, si se sostiene que el sistema autonómico es, por definición, imposible de cerrar. Es decir, inestable y sometido a permanente negociación.

Es cierto que un acuerdo PP-PSOE al margen de los nacionalistas podría resultar contradictorio con el objetivo de integración de estos últimos, como ya ocurrió con la LOAPA. Habría, pues, que intentar asociarles, pero sin condicionar el acuerdo a su total aquiescencia. PP y PSOE representan a más del 75% del electorado, y son los dos únicos partidos con posibilidades reales de gobernar, tanto en el Estado como en la mayoría de las comunidades, y por tanto de garantizar la continuidad del sistema autonómico. Y son los nacionalistas los más interesados en garantizar esa continuidad.

Tal continuidad se compromete si el poder central se niega a plasmar el reconocimiento de la singularidad de las nacionalidades vasca y catalana tal como se expresan en sus respectivos estatutos; pero también si, en contra del pacto histórico que supusieron los estatutos de Sau y Gernika, se pretenden reabrir mediante planteamientos extraconstitucionales como el de la autodeterminación. La mayoría de los ciudadanos considera que este debate ya quedó resuelto en la Constitución.