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El Gobierno asume que los nacionalistas incumplen la parte no escrita de los pactos

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno asume que no ha logrado todos los objetivos de los pactos suscritos en abril con los nacionalistas para garantizar la investidura de José María Aznar. Responde así a las críticas de algunos dirigentes veteranos del PP, que se quejan de la ausencia de avances en un proyecto nacional cohesionado. El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, lejos de negar, se atuvo ayer a la literalidad de aquellos pactos para significar que se están cumpliendo, pero no negó la crispación autonómica y reconoció que el papel del partido es vigilar la actividad del Gobierno. "Es lógico que cada vez se nos exija más", dijo.

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Miguel Ángel Rodríguez, inicialmente quitó importancia a las críticas internas del PP. Dirigentes veteranos como Rodolfo Martín Villa se han quejado de la actitud de los socios nacionalistas del Gobierno (CiU y PNV), que en su criterio incumplen los pactos con sus demandas de reforma de la Constitución o del derecho a la autodeterminación. Ayer mismo, el dirigente del PP Javier Rupérez pedía "lealtad constitucional" a las fuerzas nacionalistas, informa Isabel Salvador desde Toledo.El portavoz del Gobierno se atrincheró en el estricto cumplimiento por ambas partes de los pactos escritos en abril, pero no respondió directamente a la parte no escrita de tales acuerdos: si los nacionalismos han avanzado o no durante estos seis meses de Gobierno del PP en la integración en un proyecto nacional, objetivo en el que insistió el propio José María Aznar cuando selló las conversaciones con Pujol y Arzalluz.

El portavoz del Gobierno se puso a la defensiva. Recordó que el día posterior a las elecciones, el 4 de marzo, nadie pensaba que el PP pudiera llegar a un acuerdo con los nacionalistas. Enumeró los logros alcanzados desde entonces, como el acuerdo sobre 'los Presupuestos Generales del Estado, el éxito del reciente viaje de Aznar al País Vasco y la colaboración entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza (policía vasca) en materia antiterrorista. A renglón seguido, se preguntó: "A lo mejor no es una integración, pero la colaboración es ejemplar".

En respuesta a las críticas del dirigente del PP Jaime Ignacio Del, Burgo, que observa un desarme ideológico de los populares ante los nacionalismos, Rodríguez se atuvo al cumplimiento del programa electoral por parte del Ejecutivo. Señaló la s reformas de liberalización estructural; de regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.

Admitió que el papel del Partido Popular y del grupo parlamentario es precisamente el de realizar una labor de vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos programáticos y añadió que su papel es precisamente "exigir cada vez más".

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Ayer, el ex ministro de la Presidencia Alfredo Pérez Rubalcaba valoró las reflexiones críticas dentro del PP. En su opinión, responden a que el Ejecutivo "ha perdido el control del desarrollo del proceso autonómico y ha conseguido en un tiempo récord que todo el mundo se enfrente con todo el mundo y que nadie esté satisfecho".

El portavoz del Gobierno rechazó por "falta de seriedad" la oferta reiterada el jueves por Felipe González de un doble pacto con el Gobierno sobre la reforma de los estatutos de autonomía y la financiación autonómica. Rodríguez reprochó al líder socialista que pretenda con esa propuesta "romper el consenso alcanzado por el Gobierno con 12 de las 15 comunidades autónomas afectadas por el nuevo modelo de financiación y ocho partidos políticos".

El portavoz del Gobierno recordó que los socialistas habían tenido numerosas ocasiones de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo, pero lo rechazaron, dijo, por "intereses políticos". Ayer mismo, el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, reiteraba su intención de reabrir un diálogo, no entre partidos políticos, pero sí son las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, que han quedado descolgadas del nuevo sistema de financiación: Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Rajoy ha enviado además un mensaje a Felipe González: le pide que no se entrometa en las conversaciones. "Hay comunidades que van a quedar muy perjudicadas", advirtió el ministro en referencia a las tres autonomías gobernadas por el PSOE.

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