Los jueces impiden a un tetrapléjico leer un texto a favor de la eutanasia

"Si la vida tiene un sentido, la muerte lo tiene también". Recostado en una silla de ruedas, Ramón Sampedro, tetrapléjico desde hace 28 años, acudió ayer por primera vez a comparecer ante un tribunal, pero no tuvo fortuna. Quiso defender su derecho a una muerte digna, clamar que "vivir es un derecho; no una obligación", pero los tres magistrados de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial le impidieron, imperturbables, leer su alegato.

Ramón Sampedro abandonó por un día la reclusión de su dormitorio, que para él es el planeta entero desde que hace 28 años una zambullida mal calculada lo déjase inmovilizado de por vida. Sampedro llegó risueño a la Audiencia Provincial de La Coruña, acompañado de sus sobrinos, sus cuñados, sus amigos y su gorro de orejeras para combatir el frío; soportó amablemente el acoso de decenas de periodistas mientras se tomaba una copita de coñá o era subido en andas por las robustas escaleras del edificio.Pero con la ley en la mano, los magistrados le impidieron leer su alegato de tres folios. Desde la primera fila del público, Sampedro debió limitarse a escuchar cómo su abogado, Jorge Arroyo, clamaba contra una legislación que permite al Estado "interferir en la indepedencia de las personas a través de normas basadas en, creencias metafísicas". Era la primera vez que, Sampedro, vecino de la aldea de Xuño, en el municipio coruñés de Porto do Son, comparecía personalmente ante los tribunales, aunque su batalla legal se inició hace tres años, cuando, asesorado por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), reclamó ante un juzgado de Barcelona autorización para poner fin a su vida con la ayuda de otras personas, al no poder hacerlo por sus propios medios. El caso fue muriendo en todas las instancias, incluido el Tribunal Constitucional, hasta que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le reconoció al menos la posibilidad de reiniciar el proceso.

En La Coruña se veía ayer el recurso contra el auto dictado hace un ano por el juzgado de Noia, que desestimó la segunda demanda de Sampedro con el argumento de que el Código Penal español tipifica como delito la ayuda al suicidio. La vista apenas duró diez minutos. La fiscalía renunció a intervenir, un gesto valorado por la vicepresidenta de DMD, Teresa Betancor, mezclada entre el público. El abogado de Sampedro apeló al rango superior de la Constitución, cuyo artículo 15, recordó, reconoce el derecho de todo ciudadano a no sufrir torturas o tratos degradantes.

El alegato de Sampedro tuvo que ser leído en los pasillos por un amigo: "El juez que no se rebela ante la. injusticia se convierte en un delincuente ( ... ), en cómplice de la delincuencia astutamente organizada bajo la apariencia de nobles y respetables instituciones: familia, Estado, religión". El tribunal aceptó incorporar el alegato al sumario.

Mientras tanto, desde Pamplona, el sacerdote del Opus Dei Luis de Moya ha salido al paso para atacar las tesis de Sampedro, informa Mikel Muez. De Moya, de 43 años, tetrapléjico desde hace seis por culpa de un accidente automovilístico, asegura tener un nivel de inmovilización mayor, pero no por ello abrazar la eutanasia. "Es demencial", dice "que se pueda matar a una persona sólo por desearlo. La vida, como el destino, es algo sobre lo que no se puede decidir".