Interior investiga en el entorno de la Guardia Civil el ataque a un testigo del 'caso Lasa-Zabala'

El Gobierno será "implacable" y actuará de forma fulminante si se descubre que tras el secuestro, torturas y violación del testigo protegido 1964/ S del caso Lasa-Zabala hay personas que tienen algún tipo de relación o proximidad con el Ministerio del Interior, según el titular del departamento, Jaime Mayor Oreja. Aunque las investigaciones están aún en fase inicial, se han centrado ya en tramas próximas a la Guardia Civil, según fuentes policiales, que señalan que es la principal hipótesis a tenor de los indicios reunidos. Una de las pistas iniciales son los grilletes de la marca Alción con los que fue esposada la víctima, habituales entre miembros de las fuerzas de seguridad, aunque no son los reglamentarios.

El juez instructor del sumario por el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, dirigirá las investigaciones para aclarar las torturas sufridas el pasado viernes por el testigo protegido. Javier Gómez de Liaño así se lo ha pedido al Ministerio del Interior, que pondrá bajo sus órdenes a un grupo de inspectores de la Comisaría General de Policía Judicial.El ministro declaró ayer en el Congreso que no puede hablarse de un grupo de agentes "incontrolados" implicados en la brutal paliza al testigo protegido -suboficial de la Armada en la reserva- y añadió que asegurar tal cosa equivaldría a crear "una alarma social infundada". "Estamos padeciendo la resaca de hechos dramáticos que se han ido produciendo y hay que saber interpretar esas resacas señaló en referencia a la guerra sucia contra ETA.

Mayor Oreja fue claro al proclamar: "La posición del ministerio será implacable con aquellos que, por unas razones u otras, sean unos u otros, traten de actuar al margen de la ley. Interior va a ser implacable si descubre a las personas que están actuando de esta forma, en el supuesto de que tuviesen alguna relación con el ministerio. La respuesta será fulminante".

"Agresión mafiosa"

Preguntado si hay sospechas de la posible implicación de guardias civiles en el secuestro del testigo, Mayor reconoció que "habrá todo tipo de especulaciones", pero se negó a pronunciarse hasta que las investigaciones no estén más avanzadas. Santiago López Valdivielso, director de la Guardia Civil, aseguró en La Coruña que ésta es "la primera interesada" en aclarar el suceso, tras lo que reconoció que es un asunto que le "preocupa".

El ex ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch calificó de "mafiosa" la agresión sufrida por el testigo protegido. Para él, "lo importante es que no sólo se puede encontrar a través de ella al autor de esos malos tratos, sino que probablemente es un buen hilo para investigar el ovillo de quién asesinó a Lasa y Zabala". Para Belloch, se trata de "un asunto de primera magnitud y no se le puede quitar importancia".

En opinión del ex ministro, "todos los que hayan participado en el asesinato y tortura de Lasa y Zabala no tienen ningún interés en que se esclarezca", por lo que cree que "un tema está vinculado al otro". Según Belloch, es "harto sospechoso" que el testigo protegido fuese agredido unas horas después de que Interior iniciase los trámites para ponerle escolta, por lo que no duda de que "evidentemente esta noticia les tuvo que llegar a los agresores" mediate un topo de la Audiencia Nacional o del aparato policial.

Diversas fuentes policiales subrayan la sospecha de que los que secuestraron el pasado viernes al sargento de la Armada en la gasolinera de la calle de Peri Junquera, en San Fernando (Cádiz), pudieran ser mercenarios relacionados con una trama de guardias civiles o miembros del espionaje. No obstante, las mismas fuentes reconocen que las pesquisas están en una fase incipiente que obliga a ser prudentes.

Entre las pistas que maneja la policía están los grilletes de la marca Alción, de fabricación española, con los que fue esposado el testigo. En estas anillas sólo hay la incripción 6 / 89, que podría corresponder al año de fabricación, pero no tienen ninguna numeración de serie. Medios policiales aceptan que es un tipo de grilletes habitual en las fuerzas de seguridad y el Ejército.

Otra de las pistas son los guantes de látex negro que llevaban los agresores, similares a los que usan buceadores, paracaidistas y otras fuerzas especiales porque aislan muy bien del frío, sin que el usuario pierda sensibilidad en las manos. Los investigadores están realizando una "exhaustiva inspección" del automóvil del agredido en busca de huellas, ante la posibilidad de que alguno de sus atacantes tuviese un descuido y se hubiera quitado los guantes en algún momento.

Fuentes policiales han informado que el testigo 1964 / S tiene grabadas conversaciones del teniente de la Guardia Civil Lorenzo Bárez, en las que presuntamente éste se refiere a oscuras actividades de agentes del cuartel de Intxaurrondo. El juez Gómez de Liaño también tomó declaración la semana pasada a un agente del Cesid destinado en la Embajada de España en Guatemala, país donde coincidieron el testigo y el teniente Bárez.

Willy Meyer, portavoz de IU en la comisión de Justicia e Interior del Congreso, pidió ayer a la justicia que reconsidere la libertad bajo fianza que disfruta el general Enrique Rodríguez Galindo, ex jefe del cuartel de Intxaurrondo. Meyer recordó que el general está "acusado de ser el inductor de la tortura, detención ilegal y asesinato de Lasa y Zabala, y tras lo sucedido merece una reconsideración su libertad".

Desmantelar la trama

Rosa Aguilar, también de IU, pidió al ministro del Interior que desmantele la trama que hay en las Fuerzas de Seguridad del Estado y que "apalea" a testigos. Para su compañero Pablo Castellano, "este incidente pone de manifiesto que la trama en los aparatos del Estado dedicada a la comisión de determinados delitos sigue viva y tiene fuerza todavía".

Castellano está "convencido" de que los mercenarios "no actuaron porque tuvieran algo personal contra el testigo, sino que han sido dirigidos por quienes desean que no testifique".

Fuentes de Interior insisten en que la protección con que contaba el testigo protegido había sido acordada con el juez Gómez de Liaño. El juez mantenía en el auto enviado la semana pasada que continuaran "las medidas ya adoptadas y, si cabe, que se intensifique la vigilancia" sobre el testigo. Los mismos medios se quejan de que esta tarea es difícil sin la colaboración del protegido y aseguran que hay casi 300 partes de los policías que protegen a otro testigo de la misma causa, Pedro Luis Miguéliz, Txofo, quejándose de su falta de colaboración.