Naciones Unidas investiga una operación legal de tráfico de armas hacia Ruanda desde España,

MIGUEL GONZÁLEZ Naciones Unidas está investigando una presunta operación de tráfico de, armas hacia Ruanda, desde España, en mayo de 1994, un mes después del genocidio de casi un millón de tutsis ruandeses y cuando estaba vigente el embargo de, armamento decretado por el Consejo de Seguridad. El 22 de agosto, la Comisión Internacional de Investigación sobre Ruanda de la ONU se dirigió al Gobierno español pidiéndole información sobre la salida desde el aeropuerto de Barajas, el 24 de mayo de 1994, de un Boeing 707 nigeriano cargado supuestamente con armas para el entonces Gobierno hutu de Ruanda.

La Comisión de Investigación sobre Ruanda de Naciones Unidas, que investiga las violaciones del embargo de armas decretado contra dicho país el 17 de mayo, de 1994 por el Consejo de Seguridad, emitió el 28 de octubre su tercer informe. En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se dedica un apartado a una presunta operación de tráfico ilegal de armas realizada a través de España y Malta, en favor del entonces Gobierno ruandés bajo control hutu que perpetró las matanzas contra la minoría tutsi.

Según el informe, el presidente del comité de investigación, el egipcio Mahmoud Kassen, escribió el 22 de agosto a los Gobiernos de España y Malta, en demanda de información sobre un avión nigeriano B-707, con el número de registro 5N-OCL, que el día 24 de mayo de 1994 salió desde el aeropuerto de Barajas (Madrid) y, tras realizar una escala en Malta, prosiguió camino, el 26 de mayo, hacia la ciudad de Goma (Zaire), junto a la frontera ruandesa.

Cargamento de 39 toneladas "La comisión tiene razones para, creer", prosigue el texto, "que este avión llevaba 39 toneladas de armas y municiones destinadas a las tropas del antiguo Gobierno de Ruanda". Durante su escala en Malta, subió al avión un único pasajero: el coronel Theoreste Bagosera, ex jefe del Gabinete del Ministerio de Defensa de Ruanda, que actualmente se encuentra preso en Camerún acusado del asesinato de 10 cascos azules belgas en Ruanda, en abril de 1994.

El informe de la ONU asegura que "no se ha recibido todavía respuesta alguna por parte del Gobierno español" a su requerimiento. La Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Exteriores asegura, por el contrario, que la carta del presidente de la comisión investigadora fue contestada dentro del plazo previsto.

El informe sí recoge, sin embargo; la existencia de una carta de respuesta del viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Malta quien, el 18 de septiembre pasado, contestó a Naciones Unidas que, según la investigación realizada por las autoridades de su país, el avión nigeriano llegó a Malta, procedente de Madrid, a la 1.35 del 25 de mayo de 1994 y partió a las 9.25 del 26 de mayo, "pero no hacia Goma (Zaire), sino hacia Lagos (Nigeria) y que no se ha encontrado rastro de ningún pasajero de nombre Bagosera T. en los archivos de inmigración".

El 4 de octubre pasado, el presidente de la comisión escribió de nuevo al Gobierno de Malta para explicarle que los tripulantes del B-707 han firmado una declaración en la que ratifican la presencia a bordo del pasajero llamado Bagosera T. y para pedirle que aporte toda la documentación disponible sobre el vuelo 5N-OCL. Estas tres últimas letras corresponden a las siglas de la compañía que fletó el avión: Overnight Cargo Limited, que ya fue denunciada en 1995 por presunto tráfico de armas.

Aunque la investigación no ha podido determinarlo con seguridad, distintas fuentes señalan que el avión llevaba una carga de 30 toneladas cuando salió de Madrid y de 39 al partir de Malta, en la que se incluiría una importante partida de fusiles de asalto G-3 de segunda mano, procedentes de Portugal.

En su informe, la comisión de la ONU explica que el 22 de agosto pasado se dirigió también al Gobierno de Lisboa, al que facilitó los números de serie de armas de supuesto origen portugués encontradas en la isla de lwawa, en el lago Kivu (Ruanda), tras la batalla librada en noviembre, de 1995 entre las milicias hutus y las tropas regulares tutsis, con el objeto de que le facilitase detalles sobre su exportación. Tampoco el Gobierno portugués ha contestado a este requerimiento, según la comisión.