No les ha gustado

ALGUNAS PERSONAS influyentes llevan años advirtiendo que será injusta cualquier resolución de los tribunales sobre el caso GAL que no coincida con la condena dictada, según ellos, por la opinión pública contra Felipe González. Es lógico que esas personas, que celebraron la definición de los GAL como terrorismo de bodeguilla, se muestren insatisfechas con la resolución adoptada ayer por el Supremo. Sin embargo, las mismas razones por las que resulta rechazable la pretensión de combatir el terrorismo con expeditivos métodos de guerra sucia prohíben administrar justicia con métodos igualmente expeditivos, que supriman o relativicen las garantías procesales de posibles inculpados.Lo peor de muchos comentarios deslizados ayer por personas aparentemente informadas en tertulias radiofónicas y otros medios es que, por mucho que invoquen el Estado de derecho, alimentan la espontánea inclinación hacia lo simple y cortante. Esa demagogia implica la renuncia a explicar a la gente que las cosas del derecho no son tan sencillas como parecen; que la verdad jurídica es la que los tribunales establecen, y que sólo la aparición de nuevas pruebas podría modificar lo establecido por el Supremo.

La cosa empezó mal cuando nada menos que el fiscal general del Estado difundía, con la vista del Supremo ya iniciada, una penosa nota en la que, por si acaso, venía a advertir que haber aceptado la posición unánime de la Junta de Fiscales, contraria a llamar a declarar a González, no significaba que él mismo compartiera ese criterio. Con buena voluntad puede admitirse que tal vez quiso decir que, si bien había estado en contra del criterio de no llamar a González cuando se expresó por primera vez, hace un año, coincidía con la Junta en que no había nuevos datos que justificaran modificar dicha resolución en el nuevo pronunciamiento del pasado día 30. Pero lo verdaderamente significativo es que se sintiera obligado a difundir tan insólita nota, que sólo puede interpretarse como la respuesta a las conminatorias advertencias que se le habían dirigido desde algunos medios de comunicación. Advertencia de la responsabilidad que contraería si no obedecía sus instrucciones.

El portavoz de justicia del PP en el Congreso de los Diputados tampoco tuvo ayer su mejor momento de lucidez al decir, aludiendo al "contexto político" en que el tribunal había tenido que pronunciarse, que no había sido un día "feliz para la justicia en España". Es evidente que el Tribunal Supremo ha estado presionado políticamente, pero al portavoz del PP le habría bastado ver las portadas de algunos periódicos del mismo lunes para precisar en qué sentido y desde qué trincheras. Sus advertencias han comenzado a aplicarse, y ya ayer se trazaba una frontera de la dignidad entre los magistrados que habían votado a favor y los que lo habían hecho en contra de que González fuera llamado a declarar como imputado.

La precisión del fiscal general de que la resolución del Supremo no impediría que González pudiera ser llamado a declarar en el futuro pretendía ser pedagógica: "Son matices no conocidos por la ciudadanía", dijo. Por supuesto que el caso GAL continúa, y que si aparecen nuevos indicios o pruebas fehacientes de su participación, González podrá ser llamado, e incluso inculpado. Pero sólo si aparecen. Esos indicios podrían ser la declaración de algún imputado cualificado, como Barrionuevo, o la aparición de algún documento con valor probatorio. Lo primero fue ayer descartado por el ya procesado ex ministro del Interior, que reiteró que nunca caerá en tal "infamia". Lo segundo parece poco probable. Las autorizaciones para realizar acciones de guerra sucia no suelen impartirse por escrito, y el valor probatorio de documentos como la llamada acta fundacional de los GAL es más bien nulo. Si, pese a ello, está justificada la inquietud con que muchos ciudadanos siguen contemplando el asunto es porque, al margen de la actuación judicial, ni González ni nadie ha ofrecido una hipótesis alternativa mínimamente plausible a la de sus acusadores. Y también porque nadie consigue señalar a los verdaderos asesinos, que siguen ocultos en las sombras de tanto sumario enmarañado.