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EL CASO GAL

PSOE acusa al fiscal del Estado de actuar de forma partidaria y, "por temor a terceros"

Anabel Díez

Los socialistas acogieron ayer con alivio la decisión del Supremo de no implicar a Felipe González en el caso GAL y salieron en tromba para criticar al fiscal del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, al que reprochan una actuación "nerviosa e inquieta", inspirada en criterios partidarios y condicionada por el "temor a terceros". El lunes, mientras se celebraba la vista del Supremo, el fiscal advirtió en un comunicado que no son descartables otras actuaciones penales contra González. Los ex ministros Juan Alberto Belloch, Alfredo Pérez Rubalcaba y Juan Manuel Eguiagaray y el ex vicepresidente Narcís Serra arremetieron contra Ortiz Úrculo, quien ayer precisó que quiso enviar a los ciudadanos un mensaje: que el proceso sigue abierto.

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González reiteró ayer la necesidad de mantener la tranquilidad, como ya hizo el día de la decisión del Supremo. En una breve y lacónica declaración en el Congreso, en donde almorzó con su presidente, Federico Trillo, González respondió a una pregunta sobre qué mensaje envía, después de la resolución judicial, a quienes le han criticado y acusado: "Si algunos creen en el Estado de derecho, en el Estado democrático de derecho, que lo tomen en cuenta".Entre sus compañeros del PSOE, la actitud ante la actuación del fiscal del Estado oscilaba entre la conmoción y el estupor, pero sin traspasar la barrera de pedir su dimisión.

Ortiz Úrculo dio la orden al fiscal José María Luzón de que apoyase la desestimación del recurso contra la decisión del juez instructor, Eduardo Móner, de no citar a González. En definitiva, la fiscalía no consideró pertinente llamar a declarar al ex presidente del Gobierno, ni como testigo ni como imputado.

Criterio particular

Sin embargo, nada más intervenir en la vista el fiscal Luzón, Ortiz Úrculo difundió un' comunicado en el que sugería que su criterio era contrario a su propia orden: "El fiscal general del Estado ha creído un deber no interferir con su particular criterio, ni para abundar o agregar algo a la postura reiteradamente sostenida por el ministerio fiscal ni para sustituirla por otra, por estimar que así lo exige la coherencia y unidad de la actuación del ministerio fiscal".

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El fiscal del Estado recordaba que "la presente decisión no condiciona otras distintas que, de existir nuevos elementos a tener en cuenta, puedan adoptarse a lo largo de la instrucción de esta causa no concluida".

Según el socialista Juan Alberto Belloch, ex ministro de Justicia e Interior, se han confirmado las suspicacias que mostró su grupo ante el nombramiento de Ortiz úrculo al considerar que su biografía no inspiraba confianza en lo que se refiere a la imparcialidad.

El ex ministro dijo que la actitud del fiscal del Estado es "un mal síntoma" sobre su imparcialidad y añadió que su iniciativa "tiene que ver con el temor a terceros, con el temor a las críticas de un sector de la opinión". Belloch recomendó a Ortiz Úrculo, "que se acostumbre a las críticas". "Por encima de su legítima opción partidaria [en alusión al Partido Popular], el fiscal general debe actuar con arreglo a la Constitución", dijo el ex ministro, para quien en el comunicado del fiscal del Estado sólo se decían, "de manera inquieta y nerviosa, una serie de obviedades".

Ortiz Úrculo replicó, en declaraciones a Radio Nacional: "¿Qué es obvio? Sí, es obvio. Pero a lo mejor el ciudadano no sabe que el proceso está vivo y puede creer que con esto muere". "Todo es obvio para los que conocemos el derecho, pero estoy hablando al ciudadano. Estoy diciendo al ciudadano que el proceso sigue, que la instrucción está abierta". El ex vicepresidente del Gobierno Narcís Serra mostró ayer su convencimiento de que los ciudadanos no han entendido que, justo cuando los magistrados deliberaban, el fiscal general difundiera su nota.

El ex ministro de Industria Juan Manuel Eguiagaray, en conversación con el propio Serra, José Borrell y Pedro Solbes, señaló ayer en el Congreso que en la actuación del fiscal había tres elementos a cual de ellos más "disparatado". Primero se, pregunta Eguiagaray si Ortiz Úrculo debía haber emitido esa nota cuando la Junta de Fiscales ya se había pronunciado en contra de llamar a González. En segundo lugar, llama la atención sobre el momento en el que difundió la nota, en plena vista pública. Por último, Eguiagaray deplora el contenido del comunicado.

"Ha metido la pata"

El ex portavoz del último Gobierno del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, empezó afirmando que el fiscal "había metido la pata", siguió diciendo que su actuación había sido "desafortunada" y terminó reflejando lo que sus compañeros de partido hablaban en los corrillos del Congreso: "No sé a quién estaba pidiendo perdón, pero sí sé que sus declaraciones coinciden sospechosamente con las del portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Andrés Ollero".

La actuación de Ortiz Úrculo ha merecido también la crítica de la Asociación Progresista de Fiscales (APF), que rechaza "el insólito ofrecimiento de explicaciones" de la fiscalía. "No sabemos ante quién, ni por qué, el fiscal general del Estado, señor Ortiz Úrculo, se siente, al parecer, en la necesidad de justificarse por no haberse apartado del criterio unánime de la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo", se afirma en un comunicado.

Para la APF, si Ortiz Úrculo difería del fiscal del caso, "debió, por su autoridad y bajo su responsabilidad, obligar a éste a rectificar. Y si no lo hizo, debe asumir como suya la actuación de su subordinado. El criterio particular del fiscal general no le interesa a nadie". La asociación de fiscales considera "razonable" dudar sobre si Ortiz Úrculo aborda el caso "con la imparcialidad objetiva" exigible.

El Gobierno, por su parte, ha manifestado reiteradamente que no ha impartido ningún tipo de instrucción al fiscal general.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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