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Urbanismo halla múltiples anomalías en su investigación sobre declaraciones de ruina

Las declaraciones de ruina firmadas por el departamento municipal de Protección de la Edificación, que están siendo investigadas por el Ayuntamiento de Madrid, están plagadas de irregularidades, según el primer dictamen de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo. En los ocho casos revisados, la investigación del Ayuntamiento destaca la omisión de algunos requisitos o la tramitación "no muy rigurosa" de los expedientes. Además, los investigadores muestran su sorpresa por la manera en que se ha declarado alguna de las ruinas, por lo que varios de los edificios derribados deberían, a tenor del informe, seguir en pie.El Ayuntamiento ha abierto un expediente por "posible falta grave o muy grave" al responsable del departamento de Protección de la Edificación, el arquitecto Fernando Macías, para esclarecer las denuncias de presunta corrupción que pesan sobre su gestión (veáse EL PAÍS de ayer). Las acusaciones se centran en posibles irregularidades en la tramitación de expedientes de ruina y cobros sin justificar (en material o dinero) de las empresas adjudicatarias.

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Estas acusaciones fueron investigadas antes del verano por la Gerencia de Urbanismo y sus conclusiones fueron trasladadas a Personal. Hace dos semanas, esta concejalía nombró un instructor para este expediente. El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, al que le fueron comunicadas por primera vez estas denuncias en 1994, aseguró ayer que él ordenó personalmente la apertura del expediente. "Existe porque ha habido denuncias que hay que comprobar e investigar comentó el regidor.

PASA A LA

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La tramitación de las ruinas incumplió las ordenanzas municipales, según la inspección

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La investigación interna de la Gerencia Municipal de Urbanismo se centra en ocho expedientes, seis de ellos de edificios que formaban parte de la misma manzana. Todos ellos fueron derribados entre 1992 y 1993. El investigador considera que, "en general, la tramitación de los expedientes no es muy rigurosa". "Llama la atención que ninguno está foliado [con las páginas numeradas]", afirma. También destapa el inspector que en la tramitación de las declaraciones de ruina se han omitido algunos de los pasos que exige la Ordenanza de Conservación y Estado Ruinoso de las Edificiaciones, sin existir justificación de tal olvido.

Estas irregularidades se encuentran, por ejemplo, en el expediente del inmueble centenario que se levantaba en Leganitos, 6 (muy cerca de la plaza de España), y que fue demolido en 1993 tras ser declarado en ruina. En su lugar se ha levantado un edificio con estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios. Según la investigación, durante la extensa tramitación del expediente -que comienza en mayo de 1989 con la petición de ruina por parte del propietario y termina en abril de 1993 con la declaración- se saltan hasta tres artículos de la ordenanza de ruinas.Pasos incumplidos

Por ejemplo, el informe firmado por el responsable del Departamento de Protección de la Edificación, Fernando Macías, en el que se propone la declaración de ruina económica "no se ajusta a lo establecido en el artículo 34 de la ordenanza de ruinas [que determina, entre otras cosas, cómo se hacen los cálculos para esta declaración]", precisa la inspección. La declaración por ruina económica sobreviene cuando el coste de las obras necesarias para arreglar la casa es superior al 50% del valor del edificio. La investigación también asegura que el informe de Macías no cumple con "el trámite de audiencia [a la Junta de Distrito]", que establece el artículo 35 de la ordenanza.

También en este caso, la inspección muestra su "sorpresa" por el camino elegido para declarar la ruina. En concreto, en ningún momento del voluminoso expediente se menciona que el inmueble está incluido en el catálogo de edificios protegidos con el nivel 2. El dato no es baladí, ya que la propia inspección precisa que, "en caso de los edificios protegidos, la declaración de ruina no tiene necesariamente que llevar a la demolición", excepto en los supuestos de ruina inminente, y no es el caso de Leganitos, 6.

También se salta dos artículos de la ordenanza de ruinas la tramitación del expediente del edificio de principios de siglo de la calle de Luisa Fernanda, 10 (junto a la calle de la Princesa), que ha sido reemplazado por un bloque de viviendas.

Pero a la investigación "le llama la atención" otro aspecto de este expediente, como es la existencia de un informe técnico "erróneo" que a la postre conduce a la declaración de ruina y la demolición del inmueble.

Así, Fernando Macías propone la ruina de este inmueble porque "está fuera de ordenación" [era más alto de lo debido]. La Ley del Suelo permite declarar en ruina edificios que requieran obras que no puedan ser autorizadas por estar en esa situación. Sin embargo, el inspector es aquí tajante: "El edificio, de acuerdo con el Plan General, no está fuera de ordenación".

Los demás expedientes analizados hacen referencia a una manzana de seis casas situada frente al estadio Vicente Calderón, aunque al otro lado del río, en las calles de Cefeo, Santa Saturnina y Emperatriz Isabel. Todas ellas, que tenían el mismo propietario, han desaparecido. "Lo más sorprendente es que los dictámenes sean casi iguales, y en concreto, la descripción de los daños que presentan los edificios es idéntica en todos ellos", destaca el informe interno. No obstante, encuentra una justificación: "Se debe aceptar como una coincidencia, al ser edificios de una misma tipología y época".El informe de Gerencia de Urbanismo asegura que no ha podido comprobar las denuncias de sobrevaloración de las reparaciones a acometer -que justificarían las ruina económica-, al no existir ya los edificios. Sin embargo, sí precisa nuevos incumplimientos de la ordenanza de ruinas. En un inmueble en concreto (Santa Saturnina, 7), el inspector resalta la contradicción entre el estado del edificio descrito por el expediente y las fotos que lo acompañan, y sospecha que algunos elementos "se deterioraron con posterioridad".Dictamen rápido

Fernando Macías, quien ayer puso su cargo a disposició del alcalde, aseguró ayer que ha pedido que se agilice al máximo la investigación sobre las denuncias presentadas contra él. Asegura que se siente incómodo trabajando con los vecinos mientras su nombre se pone en entredicho, por lo que desea que el instructor dictamine en 10 o 15 días. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río, subrayó que "los expedientes de ruina se están tramitando con absoluto rigor mediante una comisión".

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