El Supremo exculpa a Gozález por 6 votos a 4

Felipe González no está implicado en el caso GAL, según decidió ayer, por seis votos contra cuatro, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Después de una vista oral de más de cinco horas, los magistrados necesitaron otras seis horas de intenso debate para llegar a esta decisión, que previsiblemente se materializará en un auto dentro de una semana. Los cuatro jueces discrepantes plantearán votos particulares. Aunque el fiscal, José María Luzón, se opuso en la vista a la citación, su superior jerárquico, el fiscal del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, hizo pública una nota en la que dejó clara su intención de proceder contra González si surgen "nuevos elementos". El Gobierno expresó de antemano su respeto por cualquier decisión que se adoptara y puso de relieve que no se habían dado instrucciones al fiscal general.

Propuesta de consenso

Durante la larga deliberación el magistrado Ramón Montero, uno de los seis de la mayoría, hizo propuestas encaminadas a obtener el consenso de toda la sala, de forma que González fuera de algún modo oído. En algún momento llegó a proponerse que declarara como testigo. Finalmente, los intentos de Montero no prosperaron porque los cuatro magistrados disidentes mantuvieron la conveniencia de que el ex presidente del Gobierno fuera llamado como "imputado".

Previamente, durante la apelación, que duró más de cinco horas, el fiscal José María Luzón pidió al pleno de la Sala Segunda que desestimara la petición de que fueran llamados a declarar González, Serra y Benegas. A la, tesis del fiscal se sumaron el abogado del Estado y las defensas de Segundo Marey, José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.

Al recurso de la acción popular para que González compareciese ante el Supremo, defendido por el letrado Teodoro Mota, se adhirieron el abogado de algunas víctimas de los GAL, el ex senador de Herri Batasuna Miguel Castells y los letrados de dos de los procesados como presuntos artífices de la guerra sucia: el ex dirigente socialista Ricardo García Damborenea y el ex jefe operativo del Mando Único de la Lucha Contraterrorista Francisco Álvarez.

Luzón defendió la instrucción de Móner y el criterio de éste para desestimar la petición de comparecencia del ex presidente: "Se ha practicado una laboriosa instrucción, con nuevas declaraciones de todos los imputados y se ha procesado al ex ministro José Barrionuevo. De esta investigación no han aparecido datos nuevos, relevantes y se ha manifestado la insuficiencia de las imputaciones".

El abogado de la acción popular Teodoro Mota apeló a "la lógica de los hechos" para que el ex presidente compareciese en "estricta aplicación el principio de igualdad ante la ley con los demás ciudadanos". Mota centró su alegato en los "criterios de sospecha" sobre González que se derivan, dijo, del procesamiento de Barrionuevo dictado por el juez Móner. Si en éste se menciona a los GAL, "algo tendrá que decir el presidente del Gobierno", aseveró.

El abogado Miguel Castells coincidió con Mota en que González, Serra y Benegas "algo tendrán que decir" sobre los GAL. Según Castells, en la trama de los GAL "tuvo que haber un mando superior al del Ministerio del Interior, como hubo más implicaciones que las del propio ministerio". Pidió la declaración de los tres aforados porque "no tengo la más mínima duda", dijo, "de la igualdad de gobernante y gobernados en el sometimiento a la justicia".

Enrique Fernández de la Lama, abogado de García Damborenea, sorprendió por lo prosaico de sus argumentos: "Si a mi representado se le asegura que no va a ser condenado por delito de colaboración con banda armada, no tiene ningún interés en que comparezcan esos tres señores".

Una tacha social

La abogada Olga Tubau, en representación de Segundo Marey, la víctima del caso, apoyó la no comparecencia del ex presidente alegando que no se puede citar a declarar a nadie si no existe fundamento jurídico para ello: "Los compañeros de la acusación han dicho que no pasa nada por declarar como imputado en un procedimiento penal. Nosotros creemos que sí pasa, porque la declaración como imputado es el primer paso para ser procesado y luego condenado. Desde el punto de vista social, constituye una tacha que luego es muy difícil de levantar".

El abogado del ex director de Seguridad Julián Sancristóbal, José María Stampa Braun, se desmarcó del debate de sus compañeros y recurrió al artículo 102.2 de la Constitución para alegar que es el Parlamento y no la Sala quien debe decidir un hipotético procesamiento de González. El presidente del Tribunal, José Augusto de Vega, interrumpió el alegato y señaló que el planteamiento del artículo 102 no era objeto del recurso, pues se trataba de una cuestión de competencia ya resuelta tácitamente por la Sala.

El defensor de José Barrionuevo, Pablo Jiménez de Parga, se mostró contrario al recurso. Destacó que si bien Damborenea fue un alto cargo del PSOE, posteriormente fue expulsado del partido, siendo Felipe González secretario general, y con la firma de Txiki Benegas, el 27 de abril de 1990.

Manuel Cobo del Rosal, abogado de Rafael Vera, también pidió que se desestime el recurso y explicó que es necesario que las denuncias o querellas que se formulan tengan cierta verosimilitud o crédito en los hechos que se denuncian. Cobo afirmó que llamar a González no es una diligencia de prueba, sino dirigir la acción penal contra él al socaire de un recurso de apelación.

Un progresista y tres conservadores

José Antonio Martín Pallín, progresista que representa posiciones próximas a Izquierda Unida, y los conservadores Roberto García Calvo, Luis Román Puerta Luis y Joaquín Delgado García, son los cuatro magistrados partidarios de que el ex presidente del Gobierno fuera citado a declarar, en discrepancia con la postura mayoritaria de la Sala.Puerta y Delgado ya votaron a favor de la concesión del suplicatorio del ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra en el caso Filesa, por lo que su posición favorable a la citación de González no ha sorprendido a nadie. García Calvo es el de más reciente incorporación a la Sala Segunda, por lo que no participó en aquella votación. Sin embargo, es conocida su afinidad ideológica a la derecha más dura.

Delgado, ponente del caso GAL, tuvo incluso que dejar la ponencia al discrepar de la mayoría y será ahora el magistrado Cándido Conde-Pumpido, el más moderno de los mayoritarios, quien deberá redactar la resolución. Delgado será quien redacte el voto particular de los cuatro magistrados discrepantes. Si bien no se descarta que alguno de ellos elabore su propio texto.

Martín Pallín, ex miembro de la carrera fiscal y ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, así como dirigente de la Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia, sostuvo la necesidad de que González sea oído sobre las acusaciones de que es objeto, con independencia de la eficacia inculpadora o exculpatoria que pudiera derivarse de su comparecencia.

El magistrado Ramón Montero, de tendencia progresista, intentó sin éxito aproximar las posturas.