Gobierno asegura que no ha dado ningún tipo de instrucciones al fiscal general del Estado

El Gobierno asegura que no ha dado instrucciones de ningún tipo al fiscal general del Estado, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, en relación con la vista pública de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que decidió que el ex presidente del Gobierno Felipe González no declare como imputado por el secuestro de Segundo Marey. El Gobierno expresa oficialmente su deseo de que la situación política del país se normalice tras el cúmulo de escándalos que han terminado en los tribunales.Dentro del respeto a la decisión de los tribunales, el Gobierno mantiene su intención de que la página del caso GAL pase cuanto antes de la escena política. El presidente del Gobierno, José María Aznar, ha manifestado esta posición reiteradas veces desde su llegada, a La Moncloa el pasado mayo.

Varios portavoces oficiales del Gobierno han manifestado el perjuicio que causan a su acción política las noticias relacionadas con los tribunales. Concretamente, la acción del Gobierno más contestada por la opinión pública en los últimos sondeos conocidos está vinculada a una página del pasado: su decisión de no desclasificar los papeles del Cesid relacionados con la actividad de los GAL.Escepticismo del PP

Junto a este mensaje oficial, en el Partido Popular se mantiene un claro escepticismo sobre la posibilidad de que la situación política del país pueda normalizarse a corto plazo. Portavoces oficiosos del partido del Gobierno recuerdan que, al margen de la resolución del Supremo para que no declare Felipe González en torno al secuestro de Segundo Marey, aún quedan pendientes de tramitación numerosos sumarios relacionados con los GAL. El recuerdo de la famosa expresión del juez Baltasar Garzón de que habrá caso GAL hasta el año 2015 se mantiene vivo, según estos portavoces oficiosos.

El doble mensaje, oficial del Gobierno y oficioso del partido, se reflejó hace pocas semanas, cuando, en unas declaraciones polémicas del vicepresidente del Gobierno y secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, éste responsabilizó a González de organizar los GAL desde la bodeguilla de La Moncloa. No obstante, el presidente del Gobierno quiere dejar sentado ante la opinión pública que es el poder judicial y no el político quien debe juzgar el caso GAL.

José María Aznar ha declarado varias veces que no quiere que su Gobierno pase a la historia por haber juzgado al Ejecutivo precedente. La posición oficial del Gobierno es que el juicio político ya se celebró en las últimas elecciones legislativas de marzo.

Aznar ha extendido esta posición también a su actitud sobre la no desclasificación de los papeles del Cesid, aunque en este punto también se han mezclado otros asuntos, como el interés del Gobierno por salvaguardar el funcionamiento de los servicios de seguridad del Estado.