Hacia una Hacienda federal

El Gobierno popular ha cedido a la Autonomía vasca la administración, no el producto, de los impuestos especiales que se cobran en Euskadi. Este cambio sin importancia en sí ha hecho renacer la discusión sobre la cuestión de cómo organizar la Hacienda en un Estado crecientemente descentralizado. También ha puesto en evidencia lo mal que se explican los ministros.Los impuestos especiales, que gravan el tabaco, el alcohol y la gasolina, los paga el contribuyente en el momento, de la adquisición de esos bienes. Hasta ahora los recogía la Agencia Tributaria. Pero como en los territorios forales de Euskadi son las Haciendas forales las que recauda el IRPF, el lmpuesto de Sociedades y el IVA, y no la Agencia Tributaria del Estado español, parece de buena administración el que esas mismas Haciendas sean las que se ocupen de recoger esos impuestos especiales para la Hacienda nacional.

Cosa muy diferente sería que la Autonomía vasca retuviera el producto de tales impuestos y que- tuviese capacidad normativa sobre ellos, es decir que pudiera modificar los tipos. Lo uno daría lugar a una reducción de los ingresos de la Hacienda pública nacional, no acordada en la discusión periódica del famoso cupo. Lo otro causaría una competencia fiscal en el precio de esos productos de gran consumo y exigiría la creación de aduanas interiores como las que aún subsisten entre algunos países de la Unión.

Se ha desatado una confusa polémica sobre cómo organizar el sistema tributario de España. En efecto, si las autonomías pueden decidir libremente la tarifa de los impuestos que tienen transferidos, muchos piensan que es inevitable que se desate una competencia fiscal a la baja, para conseguir que personas y empresas se domicilien en el territorio con carga fiscal más ligera, con lo que también podría quebrarse el principio de la solidaridad interterritorial.

El temor a que aparezca una destructiva competencia fiscal entre autonomías es, creo yo, exagerado. En la actualidad, las autonomías gastan en su conjunto una cantidad equivalente al 25% del PIB, lo que no es baladí; y además ese gasto crece a medida que se extienden las competencias que el Estado les ha cedido y que la lucha electoral les empuja al gasto populista. Por eso es bueno que, limitado su endeudamiento por ley, se vean forzadas a sufragar con impuestos autonómicos una parte cada vez mayor de su gasto. Así los votantes sabrán quién les ahoga. No es evidente que las autonomías más ricas vayan a ser las que menos gasten y menos impuestos puedan cargar.

El Gobierno debería explicar, pues, que está dando unos pasos bien pensados para adecuar nuestra Hacienda al Estado de las Autonomías. En el reciente acuerdo con Euskadi, ha simplificado la administración de los impuestos especiales y ha establecido unas horquillas para la modificación de la tarifa de los impuestos estatales. En el acuerdo de legislatura con CiU, extendió a todos los territorios comunes la posibilidad de que las autonomías modificaran una parte pequeña del IRPF, según las necesidades que les impusiera su gasto. Claramente caminamos hacia un sistema fiscal en el que la Administración central cobre unos impuestos estatales más reducidos que los actuales para atender a los gastos generales del país, y las autonomías se nutran del tramo propio en los impuestos generales o de la recaudación total de los cedidos.

¿A que no sabían ustedes que el señor Costa, secretario de Estado de Hacienda, no ha cedido el producto de los impuestos especiales a Euskadi, sino sólo su administración y recaudación? ¿A que no sabían tampoco que esta transferencia administrativa estaba ya prevista en el punto tercero del acuerdo de legislatura entre el PNV y el PP? ¿Ni que el cupo, es decir lo que anualmente tiene que pagar la Hacienda foral vasca (así como la navarra) a la Hacienda del Estado español a cuenta de los impuestos estatales que recauda aún está por acordarse antes de que acabe el año? El Gobierno del PP no explica las cosas con claridad.