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REFORMA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Privatización en el aire

Lucía Abellán

Con la enmienda que el PP ha presentado a su propio, decreto sobre reforma del Insalud, para asegurar que las nuevas entidades sean gestionadas por el sector público, pretende desterrar para siempre el fantasma de la privatización que rodea este proyecto. Esta garantía aún no es suficiente para partidos de la oposición y asociaciones ciudadanas que siguen viendo en la fórmula una cuña para el desmantelamiento del sistema.El Insalud vive atenazado por su burocracia, no cesa de repetir el ministro Romay, y por "sus ineficiencias", repite su secretario general de Asistencia Sanitaria. "Hay una cuestión que hoy no es cuestionable", recalca Alberto Núñez Feijoo. "Está admitido pacíficamente por todos los responsables sanitarios que los centros han de avanzar hacia su individualización". Competencia gestionada, denominan al nuevo concepto, tras el que no hay más cera que la obtención de resultados de calidad al menor coste.

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Los administradores del Insalud sostienen que con su reforma no van más allá, de lo que se ha puesto en marcha o previsto en otras comunidades. Lo que han hecho es "acomodar la Ley General de Sanidad a los nuevos cambios organizativos que han surgido en los diferentes ámbitos, sanitarios", subraya un informe, de la secretaría general de Asistencia Sanitaria.

En las legislaciones de las siete comunidades a las que alude el informe la posibilidad de gestión se extiende, incluso, a entidades privadas. Así, la ley de Cataluña de 1990 prevé a formación de consorcios de naturaleza pública con entidades públicas o privadas sin afán de lucro. Asturias, Baleares, Murcia, Canarias, Castilla León y la Rioja también aparecen en el análisis mi nisterial con distintas fórmulas de "gestión compartida" y cooperación entre Administraciones o "cuales quiera otras entidades admitidas a derecho".

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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