Un 20% de las instalaciones médicas de rayos X funciona de forma ilegal en España

En España hay entre 15.000 y 16.000 instalaciones de rayos X médicos, según cálculos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Una quinta parte de ellas funciona de forma ilegal, ya que han pasado diez meses desde que terminó el último plazo para su autorización y registro oficial, con los riesgos de exceso de radiación que eso supone para pacientes y personal médico. Víctor Senderos, subdirector general de instalaciones radiactivas del CSN, es tajante: "Se les ha dado un plazo de cuatro años para homologarse y casi otro año más de cortesía. Ha llegado el momento de actuar. El que no está registrado está fuera de la ley. Así de claro. Lo inmediato' es precintar esos equipos".

El registro se hizo obligatorio por un real decreto de enero de 1992; anteriormente el descontrol era total, pues estas instalaciones estaban excluidas, por mención expresa en las leyes, de cualquier registro como instalaciones radiactivas. Para homologarse se dio un plazo de dos años para todas las instalaciones de rayos X que ya estaban funcionando; como la respuesta fue tibia -sólo se inscribieron unas 4.000-, se concedió una prórroga de dos años más.

El plazo terminó el pasado 3 de enero. Transcurridos diez meses más, el CSN no duda en. advertir: "Una vez pasado un plazo de cortesía, pueden ser objeto de sanción administrativa por el Ejecutivo".

Inscritas hay 12.462 instalaciones. En el último mes y medio todavía se han dado de alta 170. Hace justo un año sólo se habían registrado 8.000. Carmen Alvarez, jefa de área de instalaciones radiactivas médicas del CSN, destaca el caso de la provincia de Valencia donde en los últimos do«s años ha llegado una única inscripción. Cataluña es, con gran diferencia, la comunidad con más aparatos inscritos.

Un tercio funcionaba mal

El registro supone pasar una inspección primera de que el equipo está en condiciones, presentar toda la documentación reglamentaria y someterse a una inspección anual por parte de alguna de las 40 entidades autorizadas por el CSN para realizar esa vigilancia (el equivalente a la ITV de los vehículos). Alrededor de un tercio de los equipos examinados han tenido. que introducir correcciones bien en el diseño de los aparatos, bien en la estructura de la sala donde están colocados. Es decir, que un tercio estaban funcionando mal.Carmen Álvarez pone un ejemplo de esos defectos: "Que se rompa una mampara de aislamiento hecha con vidrio plomado [el plomo retiene las radiaciones] y la sustituyan con un cristal normal".

. Un mal funcionamiento del equipo o mal diseño de la sala supone que pacientes, público en general y personal médico pueden estar recibiendo más radiación de la necesaria. Víctor Senderos considera prudente no señalar una dosis concreta de radiación que no se debe sobrepasar al hacerse radiografías: "Es el médico el que en cada caso debe decidir la oportunidad 0 no de someter al paciente a la radiación, según la necesidad del diagnóstico y el tratamiento. Pero en cualquier caso, ha de aplicarse la regla general de que la dosis a recibir ha de ser tan baja como sea posible".

Los más afectados son los miembros del personal médico que maneja los equipos defecto de radiodiagnóstico, al estar en contacto con ellos día a día. Y hay que contar que son casi 28.000 las personas que tienen acreditaciones para dirigir u operar instalaciones de radiodiagnóstico.

La prueba de que son estos profesionales los que más en serio se deben tomar el control de irradiaciones es que la mayor arte de los casos de sobredosis que suele detectar el CSN entre los trabajadores de instalaciones radiactivas pertenece al colectivo médico; y que cada año hay entre 12 y 14 casos de sobredosis entre estos profesionales, aunque, lo explica Carmen Álvarez, en la mayor parte de los casos se debe a descuidos en manejo del dosímetro que mide la radiación.

Los organismos competentes para imponer las sanciones a los equipos aún no registrados son las consejerías de Industria de las comunidades autónomas, excepto en el caso de Navarra, que corresponde a la consejería de Sanidad, y en Cantabria, que, al no tener las competencias transferidas, corresponde al Ministerio de Industria y Energía. La sanción que el responsable del CSN considera pertinente es el precinto. Este organismo ya ha promovido que se tomen medidas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y de los colegios médicos.

La mayor parte de las instalaciones que todavía escapan al control pertenecen a consultas dentales (el 40% de todas las instalaciones de radiodiagnóstico) y pequeños centros privados.