Altos cargos, suma y sigue

SE SOSPECHABA que la reducción del número de altos cargos de que hablaba el PP antes de las elecciones estaba siendo menos profunda de lo anunciado. Ahora se sabe, merced a los datos ofrecidos por el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que esa reducción ha sido insignificante y que el ahorro logrado queda a años luz de las cifras con que algunos oradores encendieron a su audiencia en los mítines. Los gastos de personal sólo aumentarán en 1997 en el 0,7%, que con una inflación prevista del 2,6% supone una reducción del 1,9% en términos reales; pero ello se debe a la congelación salarial de todos los empleados de las administraciones públicas y no a la anunciada eliminación de "6.000 altos cargos" innecesarios" a los que se refirió en una ocasión el hoy vicepresidente Rodrigo Rato.Todavía en la campaña electoral se dijo que sobraban siete de cada diez altos cargos de la Administración socialista, y algunos entusiastas llegaron a cifrar en 70.000 millones de pesetas el ahorro que supondría su eliminación. Ya entonces se advirtió que el PP estaba confundiendo deliberadamente altos cargos -de ministro a director general, de los que había unos 450- con personal de libre designación -que incluye, junto a los subdirectores, a asesores y otros contratados de confianza-, que sí eran más de 6.000. Según los Presupuestos, el número de directores generales se reduce en un 20% (de 316 a 250), y el de subdirectores, en un 10% (eran 1.490). Ello supondrá un ahorro de unos 400 millones, cifra no despreciable, pero muy alejada de las que esgrimió el PP desde la oposición. Y aún esa cantidad debe ser recortada porque aumenta ligeramente (en 58 millones) la partida destinada a asesores y otro personal eventual.

De otro lado, buena parte de los cargos de libre designación que trabajaron en la Administración socialista habían sido reclutados entre funcionarios de alto nivel. Ello significa que, aunque sean destituidos, habrán de ser mantenidos en los mismos niveles funcionariales que ocupaban, por lo que del ahorro teórico derivado de la eliminación de algunas plazas habrá que restar el sueldo que esas personas seguirán cobrando como funcionarios.

El carácter demagógico de algunas críticas del PP respecto al despilfarro socialista se puso ya de manifiesto en algunas comunidades autónomas gobernadas por ese partido, incluyendo Castilla y León cuando la presidió Aznar. Ahora se confirma al comprobar que lo que era faraónico aparato de La Moncloa ocupaba a menos personal que el montado en ese recinto por Aznar, sus dos vicepresidentes y el secretario de Estado de Comunicación: de 421 a 586 personas, incluyendo 164 asesores y otro personal de confianza, frente a los 104 que había hasta ahora.

Sigue pendiente, así pues, la promesa de una "Administración más austera y eficaz", y está por ver en qué se concreta el compromiso de una mayor profesionalización de la función pública. De momento, ha habido algunos ejemplos de nepotismo llamativo y circulan listas de cientos de funcionarios o contratados que, habiendo ocupado puestos eminentemente técnicos en la Administración socialista, han sido destituidos (o más bien, sustituidos por otros considerados más afines). No es que los socialistas no hicieran lo mismo en su momento; pero cabía esperar que el PP, que tanto había denunciado el sectarismo de sus predecesores, no les imitara también en eso.

El principio de inamovilidad de los funcionarios se justifica precisamente como garantía de continuidad y neutralidad política de la Administración pública, al margen de los cambios de signo del Gobierno. La eficacia prometida está en buena medida relacionada con esa continuidad y neutralidad. Y la austeridad implica acabar con ciertos privilegios. Por ejemplo, con esa especie de sobresueldo que supone para algunos altos cargos ser consejeros de las empresas públicas. Así lo había pedido expresamente el PP cuando estaba en la oposición, pero se ha olvidado de ello en cuanto ha llegado al Gobierno.

Acabar con el despilfarro de la contratación a dedo por razones políticas es una bandera con mucho vuelo para desplegar en mítines y debates televisivos. Pero también en esto el PP ha tirado la escalera después de haber subido por ella.