Aznar pide que las decisiones judiciales sean automáticas en toda la UE

Un espacio judicial único en el que las decisiones de los jueces penales nacionales adquieran una efectividad prácticamente automática en todo el territorio de la Unión Europea. Ésta es la propuesta más relevante que realizó el presidente del Gobierno, José María Aznar, al Consejo Europeo. Con la mirada en la lucha contra el terrorismo, el paquete de ideas españolas se amplió a otros ámbitos como la política exterior, el empleo o la igualdad hombre-mujer.

En los asuntos de justicia e interior -el llamado tercer pilar de la Unión- "hemos dado un avance, trascendente: el convenio de extradición" europeo, recordó Aznar, refiriéndose al pacto propulsado en la cumbre de Florencia y aprobado días después. Contra las críticas de la ex secretaria de Estado de Justicia María Teresa Fernandez de la Vega -que "comprendo, pero no justifico"-, defendió que el convenio "es importante" y que "abre camino para avanzar en un espacio judicial común en el que los jueces establezcan relaciones directas entre sí".Ahora, pues, la tradicional preocupación española por el terrorismo y el narcotráfico dan un paso más. Aznar hizo ayer el mar hincapié en la propuesta de que la reforma de Maastricht sirva para establecer ese espacio judicial policial único. Aunque de él recelan no pocos países, supondría que "Ias decisiones judiciales y las medidas cautelares puedan ser efectivas en todo el territorio de los Estados miembros", según el texto de España.

Además, ese espacio permitiría circular libremente a los funcionarios de policía, en ejercicio de sus funciones, por el territorio de otro Estado miembro; la ampliación de competencias de Europol, desde sus actuales de cruce y tratamiento de información hasta las operativas, para convertirla en un FBI; y la denegación del derecho de asilo a ciudadanos comunitarios.

Para suavizar la dureza de estas propuestas, el paquete incluye también otras que redondean la ciudadanía europea. Aznar siguió a Felipe González en la pretensión de que el nuevo tratado incluya un capítulo sobre el empleo, aunque a título más declarativo que normativo. Es decir, subrayando que es una política de competencia nacional y sorteando la pretensión de la socialdemocracia escandinava de establecer un comité de empleo similar al comité monetario.

Eso se completa con algunas sugerencias para afirmar más claramente el principio de igualdad hombre-mujer en todos los ámbitos; incorporar el voluntariado europeo en el Tratado; y otorgar al Tribunal de Luxemburgo competencias sobre derechos humanos.

Tanto Aznar, como el belga Jean Luc Dehaene, como el irlandés John Brutton, valoraron que se está a punto de fraguar un consenso sobre los asuntos de justicia e interior. Por lo demás, Aznar defendió un estatuto para las regiones ultraperiféricas, la reivindicación de Canarias.