La 'autoridad audiovisual', pendiente desde 1995

La creación de una autoridad audiovisual en España contó con un amplio respaldo político cuando se propuso por primera vez en el Senado, en 1995. La necesidad de su creación fue una de las conclusiones del informe elaborado en su día por una comisión especial presidida por Victoria Camps. El grupo de asesores llamados por el secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Angel Rodríguez, para estudiar un plan de medidas que afecta al contenido de los medios audiovisuales ha incorporado esa misma idea, aunque sin completar mucho más el desarrollo de la misma.

Tal y como fue aprobada la propuesta por el pleno del Senado el pasado año, se trataba de crear una "autoridad independiente, unipersonal o colegiada", cuyas funciones deberían ser similares a las de un "defensor del pueblo", es decir: servir de caja de resonancia del malestar de la sociedad y de cauce de sus propuestas.

Unos meses más tarde -en octubre de 1995- la comisión especial sobre los contenidos televisivos concretó más: se trataba de crear el Consejo Superior de los Medios Audiovisuales para "garantizar la independencia y pluralidad de los medios audiovisuales", así como "la mínima calidad de sus programas". Dicho organismo debía tener competencias de asesoramiento a las Cortes y al Gobierno -el proyecto actual de La Moncloa agrega también la función de asesorar a las autonomías-; y emitir un informe preceptivo en la renovación o revocación de licencias o concesiones.

Redacción ambigua

El proyecto mencionaba también la conveniencia de un Servicio al telespectador o "Junta de asociados" representativo de instituciones y sectores de la sociedad. La redacción actual del plan de la Moncloa habla de un Defensor del Telespectador y es aún ambigua respecto a la función del Consejo como promotor del asociacionismo.Junto a Miguel Ángel Rodríguez han trabajado en el proyecto actual, entre otros, los consultores Fernando Pardo, Juan Vallejo y Eduardo García Matilla; así como un hombre del Abc, Mauricio Casals, y el decano de Ciencias de la Información de la Complutense, Javier Fernández del Moral. Éste último, que participó en la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión, se retiró de ese movimiento asociativo cuando se convirtió en la actual AEPI.

Muchos países tienen establecido un órgano para proteger el derecho a la comunicación y regular distintos aspectos de los medios audiovisuales. Los poderes de la institución varían mucho de un país a otro: desde la autorización de licencias de emisión, como tiene el Conseil Supérieur de l' Audiovisuel (CSA) en Francia, hasta la alta autoridad portuguesa o Il Garante de Italia.