El recorte del gasto recae en funcionarios y en inversión publica

Los sacrificios que exige un presupuesto tan restrictivo como el presentado ayer no van a recaer por igual sobre todos. Serán las partidas destinadas a pagar a los funcionarios y las dedicadas a inversión pública las paganas de las cuentas para el próximo año, ya que el sueldo de los primeros se congela y la inversión real cae un 15%. El gasto no financiero del Estado -18 billones de pesetas- crece un 1,7% en términos nominales, 0,9 puntos por debajo de la inflación esperada.

El próximo año no será fácil para el personal en activo del sector público, ya que sus retribuciones íntegras, con carácter general, serán las mismas que las de este año con lo que perderán poder adquisitivo por el efecto de la inflación. Sobre ellos y la inversión pública recae la contención del gasto, que crecerá el 1,7% en términos nominales (-0,9% en términos reales tras aplicar la inflación).En 1997, el proyecto de Presupuestos prevé un incremento de los gastos de personal de sólo el 1,9%, con diferente tratamiento a los trabajadores del sector público en activo que a los ya jubilados. Estos últimos no sufrirán los rigores de la congelación salarial y sus pensiones subirán igual que el IPC previsto, de ahí que la partida para los funcionarios retirados aumente un 3,6% frente al incremento del 1,3% para los funcionarios en activo. Esta última partida sube, fundamentalmente, por el devengo de trienios y "la consolidación de derechos económicos revisados con anterioridad en los ámbitos de la administración militar y la seguridad ciudadana".

También el próximo año será más difícil obtener una plaza de funcionario porque la Oferta de Empleo Público se limitará a cubrir la cuarta parte de las bajas que se produzcan.

Junto al salario de los funcionarios, es el recorte en inversiones, O sea en infraestructuras, el que soporta gran parte del ajuste global del gasto. El crédito destinado a ellas en 1997 asciende a 832.800 millones, de los que la mayoría -578.100 millones- son inversión civil y el resto militar.

Financiación privada

Los créditos destinados a inversión civil nueva son los que sufren mayor reducción. El Gobierno espera que este descenso quede compensado con la mayor participación de la iniciativa privada en la financiación de las infraestructuras, si bien desde distintas fuentes de la propia Administración se duda de que se cumpla ese objetivo, ya que los mecanismos para la financiación privada llevan tiempo.La compra de bienes y servicios queda afectada también por la austeridad del presupuesto, ya que el gasto por este concepto -302.800 millones- se reduce un 9,9% con respecto a 1996, si bien la tijera no se aplica de igual manera a todas las partidas. Así, los gastos de conciertos de asistencia sanitaria, es decir los acuerdos de la sanidad pública con los hospitales privados, son los que sufren el mayor descenso (-48,6%), seguido de los gastos en publicaciones (-47,2%). El gasto en indemnizaciones por razones del servicio cae un 13%; el de arrendamiento el l2,8%; los gastos por reparación y conservación se recortan un 11,8% y se gastará un 7,% menos en la compra de material y suministros.

Los gastos financieros -3,4 billones-, aumentan sólo un 1,8% dado que los tipos de interés tienen a descender.

En cuanto a las transferencias de capital -805.000 millones-, aumentan un 2,3%, destacando por su importancia cuantitativa las destinadas a comunidades autónomas (197.752 millones) y las dirigidas a empresas y entes públicos (184.800). Las subvenciones a las empresas públicas prácticamente se mantienen -el gasto sube un 1,9%-, mientras suben las dotaciones a empresas privadas un 15,9%, entre otras cosas, para fomentar la reindustrialización en áreas en expansión y renovar la flota pesquera.

Por departamentos ministeriales, el gasto crece más en Agricultura, Sanidad y Asuntos Exteriores. En el primero el gasto sube el 34,3%, debido al pago del exceso de producción láctea y al aumento de fondos para paliar daños por sequía. En Sanidad crece un 13,3% por el incremento de la aportación del Estado al Insalud, y en Asuntos Exteriores sube un 11,6%, principalmente por el incremento de la dotación destinada a la Agencia Española de Cooperación Internacional.