Desbloqueo político del Archivo de la Corona de Aragón

Dos noticias sobre los archivos españoles se produjeron ayer: el cese de Margarita Vázquez de Parga, subdirectora general de Archivos, y la aprobación por el Congreso de una proposición que insta al Gobierno a crear antes de seis meses el patronato del Archivo de la Corona de Aragón (ACA), que reunirá a las cuatro comunidades implicadas: Aragón, Baleares, Cataluña y Valencia. El cese de la subdirectora cabe inscribirlo en su oposición manifiesta al traslado de los papeles de Salamanca y a cualquier disgregación del ACA. Ayer Vázquez de Parga se reafirmó en sus puntos de vista: "Los archivos no deben ser una moneda de cambio político ni deben ser, en modo alguno, repartidos entre unos y otros".Precisamente, uno de los puntos de la resolución aprobada ayer por el Congreso, informa Miguel Mora, alude a un presunto reparto, aunque sea competencial: "El patronato", dice el punto tercero de la resolución, "establecerá los criterios que permitan distinguir formalmente los fondos documentales depositados en este archivo y que sean ajenos a la antigua Corona de Aragón, cuya titularidad se traspasará a la Generalitat de Cataluña".Declaraciones de Tusell

Margarita Vázquez de Parga desvinculó su cese de las declaraciones de Javier Tusell del pasado 11 de septiembre en las que señalaba que el Ministerio de Cultura no tema ningún interés en facilitar a la comisión de expertos que habrá de decidir sobre los papeles de Salamanca la documentación requerida. Esas declaraciones de Tusell provocaron que el secretario de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés, decidiera la apertura de un expediente informativo para dilucidar si se había producido una negligencia. "Me resulta absolutamente sorprendente esa tesis", declaró Vázquez de Parga. "Hemos tenido el verano por medio y la documentación ya estaba prácticamente a punto. Pero es que, además, hay que desmitificar su importancia. Se trataba de meros recortes de prensa que decribían la evolución del conflicto".

La decisión adoptada en el Congreso por todas las fuerzas políticas parlamentarias, que deberá tomar cuerpo de norma de Estado, implica el reconocimiento del archivo con sede en Barcelona como una entidad de ámbito supracomunitario. El texto aprobado -que fue auspiciado por el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Convergència i Unió- propiciará que en "un plazo menor de seis meses" los representantes de Baleares, Cataluña, Aragón y Valencia, las cuatro comunidades del antiguo reino, tomen de manera paritaria la gestión del archivo, con arreglo a lo. previsto en sus estatutos de autonomía.

Además, el nuevo patronato deberá estudiar el traslado de los fondos documentales depositados ajenos a la antigua Corona de Aragón y relacionados sólo con Cataluña. Esos documentos serán traspasados a la Generalitat catalana.