La negativa de los médicos del SAS a hacer abortos le cuesta 130 millones
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) gastó desde enero de 1995 hasta abril pasado más de 130 millones de pesetas en conciertos con clínicas privadas para practicar interrupciones voluntarias del embarazo dentro de los tres supuestos que prevé la ley. El SAS se ve obligado a pagar a seis clínicas privadas unas 35.000 pesetas de media por cada aborto ya que ni uno solo de los ginecólogos que trabajan en los 30 hospitales públicos de la comunidad autónoma y cobran del SAS está dispuesto a realizar este tipo de intervenciones.El consejero de Salud, José Luis García de Arboleya, señala en la respuesta a una pregunta parlamentaria de la diputada de Izquierda Unida, Concha Caballero, que desde enero de 1995 hasta el pasado mes de abril se han practicado en clínicas privadas de la región un total de 3.609 abortos a mujeres con menos de doce semanas de embarazo. Se suman otras 146 intervenciones realizadas en 1995 a andaluzas cuyos casos se encuadran en el grupo de alto riesgo con más de doce semanas de gestación.
Todas estas interrupciones voluntarias del embarazo, a excepción de las que presentan elevado riesgo, se realizan en seis clínicas privadas, ubicadas en cuatro provincias, que conciertan sus servicios con la Administración sanitaria regional. El SAS desarrolló este plan de conciertos en 1992 al encontrarse con que todos los ginecólogos que trabajan en la sanidad pública alegaban objeción de conciencia para realizar abortos en los hospitales del SAS.
La Administración sanitaria regional no puede concretar oficialmente el número de ginecólogos que cobran de su presupuesto y objetan la realización de abortos ya que ninguno está obligado a registrar esa alegación. Pero el hecho es que desde 1992 ni una sola andaluza ha podido interrumpir su embarazo en un hospital público. La respuesta no concreta dónde se realizan los abortos de alto riesgo, aunque hasta el pasado año todas ellas se practicaban fuera de la región, sobre todo en Madrid, " ante la imposibilidad de haber concertado los servicios que impliquen alto riesgo".
