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El Gobierno aplaza el cobro de las recetas médicas y traspasa la decisión al Parlamento

Marcha atrás, de momento. El polémico cobro de una tasa de 100 pesetas por receta médica no irá en los Presupuestos del año que viene. El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo, Rato, explicó ayer que debe ser un debate de "toda la sociedad", y que "la financiación de la sanidad no entra en la política presupuestaria" pese a ser uno de sus principales problemas. La intención del Gobierno es que sea la ponencia creada en el Congreso la que haga propuestas al respecto. Por otra parte, Rato pidió moderación salarial y dijo que el contexto es positivo para que bajen los tipos de interés. Sin embargo, el Banco de España decidió ayer mantener en el 1,25% el precio oficial del dinero.

Aunque con algunos circunloquios, Rodrigo Rato dio ayer a entender que el Gobierno no está dispuesto a asumir en solitario el coste político que supone una medida tan impopular y complicada de llevar a la práctica como es el cobro de una tasa por las recetas médicas que expide la sanidad pública. De esta forma, la única entre las propuestas imaginativas lanzadas por el Gobierno en las últimas semanas que tenía visos de estar meditada, se ha caído de momento. Igual ha ocurrido con el peaje para las autovías o el canon del agua y, probablemente, con la tasa para los seguros de riesgo.La posición de vicepresidente y ministro de Economía es que "toda la sociedad debe plantearse cuál es el futuro de la financiación de la sanidad pública, universal y gratuita" y contemplar "si los esfuerzos que puede hacer la Administración central son suficientes para lo que los ciudadanos demandan". Ahora es el momento de que ese debate se produzca, añadió Rato, ya que el actual modelo de financiación de la sanidad concluye en diciembre del año 1997.

A tal efecto, el pasado mes de junio se formó en el Congreso una ponencia encargada de hacer propuestas. Se reunió por primera vez el pasado martes y sacó una primera conclusión: que el Gobierno no debe tomar medidas unilaterales y que la reforma del modelo se planteará como un todo, no con parches. A juzgar por la posición expresada ayer por Rato, el Gobierno ha recogido el guante y no piensa incluir en los Presupuestos del año que viene la tasa por recetas médicas. La única posibilidad al respecto es que la ponencia acelere mucho sus trabajos, lo cual no parece probable para un problema aún de mayor envergadura que el de las pensiones: el Pacto de Toledo tardó un año en cuajar y ahora empieza a concretarse.

Coste político compartido

El vicepresidente dejó claro que una cosa es el Presupuesto y otra la financiación de la Sanidad. La importancia de esta diferencia reside en que el Gobierno sólo se siente comprometido a aumentar un 6% el gasto en Sanidad el año que viene, en buscar acuerdos con Farmaindustria para reducir precios y en un mayor control del gasto. Lo demás, es decir, buscar ahorros o ingresos adicionales con medidas como el pago de una tasa por recetas beneficiaría a la Administración central, pero también a las autonomías que tienen transferido el Insalud (País Vasco, Navarra, Galicia, Cataluña, Andalucía, Valencia y Canarias).Estas autonomías, en las que gobiernan todos los socios políticos del Ejecutivo -PNV, Coalición Canaria y CiU, además del propio PP y el PSOE- tienen asegurado como transferencia por Sanidad un incremento del 6%. Pero si se implican políticamente en la decisión de cobrar por las recetas, se beneficiarían también de estos ingresos adicionales. De aquí que el Gobierno se haya planteado el por qué de asumir esta medida impopular en solitario cuando los beneficiados son todos.

Órdago a CiU

El cambio de estrategia del Gobierno supone también echar un órdago a su socio más preciado, CiU, que exigía como condición para aprobar los Presupuestos mayor financiación para la sanidad. Si lo acepta -no parece fácil que CiU vaya a dejar a dos Gobiernos seguidos en la estacada por los Presupuestos-, tendrá que ser uno más en la negociación que se abre a todo el arco parlamentario. Este plante del Gobierno se añade al recurso presentado días atrás contra las normas fiscales vascas que le ha enfrentado al PNV.El Gobierno prosiguió el debate de los Presupuestos y reiteró que el gasto crecerá por debajo de la inflación prevista (2,6%). Rato afirmó que esta política de rigor en el gasto, el cumplimiento de los criterios de convergencia al respecto, junto con la moderación salarial, la reducción de precios administrados y la tendencia a la baja de la inflación crean un marco positivo para el descenso de los tipos de interés. Pese a ello, el Banco de España decidió ayer mantener en el 7,25% el precio oficial del dinero.

Restricción al gasto, con excepciones

Aunque a última hora surgieron dudas, el Gobierno aprobó ayer finalmente el proyecto de ley sobre disciplina presupuestaria. Las normas son muy estrictas pero dejan algún pequeño margen sobre todo para el Ministerio de Fomento y para los gastos de personal. Se trata de una modificación parcial de la Ley General Presupuestaria, la de Contratos del Estado y la de Expropiación Forzosa que quiere evitar nuevos desfases presupuestarios como el de 721.000 millones de pesetas heredado del anterior Gobierno.El proyecto, que tendrá que ser aprobado por el Parlamento, establece que los gastos destinados a partidas como el pago de los recibos de la luz o el teléfono (gastos corrientes) no pueden ser utilizados para conceptos distintos. Señala que no podrán trasladarse a ejercicios futuros obligaciones reconocidas (cuando se entrega por ejemplo una obra contratada por el Estado) con la excepción de los gastos de personal. Los anticipos de fondos que se concedan en un ejercicio deberán ser cancelados (cubiertos) en el mismo año con la excepción de los fondos de la UE. Los pagos plurianuales, por ejemplo para una obra que dure varios ejercicios, tendrán que ser expresamente permitidos por una ley.

En las expropiaciones, habrá que efectuar una retención de crédito (contar con que hay que pagarla), si bien cuando ésta se produzca en los últimos meses del año la obligación se podrá trasladar al ejercicio siguiente. Cuando se trate de obras en curso, cualquier modificación y su incidencia presupuestaria deberá contabilizarse en seis meses como máximo. Por último, cualquier obligación reconocida en el mes de enero podrá formar parte del Presupuesto del año anterior siempre que corresponda a gastos de ese año previo.

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