El Congreso deja a sus diputados sin saber qué hacer ante Liaño

El Congreso no logró aclarar ayer a los diputados si deben comparecer ante el juez Gómez de Liaño sobre los papeles del Cesid y esperará a que el magistrado cite a alguno como testigo en el caso Lasa-Zabala para precisar hasta dónde llega la obligación de guardar silencio de los parlamentarios con acceso a secretos oficiales. La Mesa del Congreso, bajo el principio de que "el secreto nunca puede amparar acciones delictivas" respondió al magistrado que "los diputados no precisan autorización de la Cámara para declarar como testigos".

El acuerdo de la Mesa se tomó por unanimidad de sus nueve miembros -tres del PP, tres del PSOE, uno de CiU, uno del PNV y otro de IU-IC-, pero no logró la satisfacción de todos los diputados. Rosa Aguilar (IU-IC) que había adelantado su disposición a declarar, pidió el amparo de Federico Trillo, el presidente del Congreso, para que la Cámara dictaminase cómo puede compaginar su deber de colaborar con la justicia con su obligación de guardar secreto. "Quiero actuar en la legalidad", dijo.Trillo sugirió a la diputada de IU que esperase a que el magistrado llame a alguno de los diputados. Iñaki Anasagasti (PNV) se refirió a la conveniencia de volver a ver los papeles del Cesid y poder comprobar si su contenido era delictivo.

La decisión de la Mesa se basó en un informe de la Secretaría General del Congreso en el que se recuerda la obligación de los diputados de guardar silencio sobre los secretos a los que tienen acceso en función de su cargo, pero también señala el deber individual de los parlamentarios a colaborar, como cualquier ciudadano, con la justicia. El dictamen advierte que el Congreso sólo puede actuar mediante sanción, una vez que se constata que el diputado ha roto el silencio. También recuerda que la desclasificación de papeles se cretos compete al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes del Estado Mayor.