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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La ocurrencia

LA OCURRENCIA de Juan Carlos Rodríguez Ibarra de convocar un referéndum en Extremadura sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que se propone desde la mayoría gubernamental no constituye únicamente una insensatez sin consecuencias. Es una piedra más que se lanza al estanque siempre ondulante del Estado de las autonomías. De inmediato ha sido rechazada por las máximas instancias de su propio partido, el PSOE, incluido su secretario general, Felipe González.Del nuevo sistema de financiación autonómica se van conociendo algunos detalles, a no ser que se trate, una vez más, de globos sonda. Habrá que esperar a una propuesta formada y formal antes de emitir sobre él una opinión en profundidad, especialmente respecto a los mecanismos compensatorios entre regiones que contempla. Pero la cesión general de un 30% del IRPF a las comunidades autónomas se sitúa en la estela del 15% puesto en práctica por el anterior Gobierno, socialista, por mucho que hubiera presión de sus socios catalanes. Rodríguez Ibarra no lo quiso para la comunidad que él preside.

El nuevo sistema, con capacidad normativa para una parte del IRPF, aumentará la responsabilidad de los dirigentes políticos democráticamente elegidos en las comunidades autónomas no sólo en los gastos en que incurran sus administraciones, sino también en los ingresos. Puede haber sistemas alternativos de corresponsabilidad, pero no se han propuesto, y la fórmula del 30% -en contra de lo que pretende Rodríguez Ibarra- la defiende no sólo CiU, sino también los socialistas en Cataluña, y otras numerosas comunidades gobernadas por una u otra fuerza política.

Es deseable que España se consolide, entre otras dimensiones, como un espacio de solidaridad en la que las diferencias de renta de los habitantes de las diversas regiones tienda a reducirse. Ello redunda en beneficio del yodo y de las partes. Los discursos -nacionalistas o no- que se lanzan desde la insolidaridad no resultan positivos. Son comprensibles las preocupaciones de Rodríguez Ibarra respecto a Extremadura. Pero también debería el presidente extremeño empezar a comprender que es demasiado fácil gobernar desde la responsabilidad del gasto y no del ingreso, aunque se trate de un territorio pobre pese a los progresos realizados gracias a sus esfuerzos y a la solidaridad del resto de España.

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Pero el planteamiento de Rodríguez Ibarra va más lejos. Ya no aborda un problema de redistribución permanente desde el centro, sino una suerte. de enfrentamiento entre Extremadura y una Cataluña personificada. A su modo, es un insolidario. Su ocurrencia tiende a separar más que a juntar. Y separaría aún más si tal cuestión se planteara en un referéndum en Extremadura, un referéndum en una parte del país sobre una cuestión que afecta a todas las partes, y más aún cuando esa parte lo que pide es, ante todo y legítimamente, recibir. En todo caso, el presidente extremeño parece haber olvidado que la Constitución pone en manos del Estado la competencia exclusiva en materia de referendos. Cuanto menos uso se haga de ella, mejor.

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