En Francia; y aquí

LA ZANAHORIA y el bastón. Pero más de lo segundo que de lo primero. Un millar de efectivos de la policía francesa desalojaron ayer con un generoso despliegue de fuerza a los 300 inmigrantes africanos que acampaban desde el 28 de junio en la iglesia parisiense de Saint-Bernard, y a los 10 que habrían cumplido el viernes 50 días en huelga de hambre. Hasta aquí el bastón.El día anterior, el ministro del Interior, Jean-Louis Debré, había recibido a una delegación de los inmigrantes ilegales y anunciado la adopción de nuevos criterios en la interpretación del código de la nacionalidad, revisado en 1993, con lo que cerca de un centenar de los refugiados en el templo podrán legalizar su presencia en Francia. La negativa de los negociadores africanos a desistir en su actitud es lo que habría motivado la acción de las fuerzas del orden, que procederán a expulsar a todos los que no puedan acogerse a la nueva interpretación de la ley. Los huelguistas -evacuados en camilla- se hallan ahora hospitalizados a la espera de cuál pueda ser su suerte.

Cuatro son los nuevos criterios que suavizan la aplicación de la ley: los padres de hijos nacidos en Francia, los enfermos, las mujeres embarazadas y los cónyuges de extranjeros que gocen de una situación regularizada obtendrán la residencia. Ello implica la revisión caso por caso de todos los que hasta ahora se hallaban en la ilegalidad, aunque de esos criterios, el de la enfermedad es lo bastante vago como para permitir todas las interpretaciones. De otro lado, estas nuevas facilidades sólo rectifican algunos de los más flagrantes endurecimientos de 1993, que había creado ilegales con carácter retroactivo, como era el caso de los padres de hijos nacidos en el país, a los que el Gobierno negaba la residencia.

Pero, con nuevas interpretaciones o no, las autoridades francesas tienen el firme propósito, que sería difícil no entender, de hacer cumplir la ley y de contener y reducir la afluencia de inmigrantes. Francia, tradicionalmente tierra de asilo tanto político como económico, considera, con fuerte apoyo de la opinión, que no puede seguir siendo un recipiente sin fondo que se llene de los desheredados, sobre todo de sus ex colonias.

Ese problema no es, sin embargo, sólo francés. En España se cumplió ayer la fecha límite para la regularización de la situación de todos los ilegales que hubieran entrado en el país antes del 1 de enero de este año y que hubieran gozado en algún momento de permiso de residencia. Los que no reúnan esas condiciones podrán ser inmediatamente expulsados de España. Y el problema de Saint-Bernard, aunque el volumen de inmigración en nuestro país no sea comparable al francés, muestra hasta qué punto es urgente estabilizar el número de inmigrantes y de legalizar su presencia entre nosotros con los criterios más generosos que la situación permita, pero sin convertir a España en una tierra de asilo universal, cuando no está económicamente capacitada para ello.

La respuesta al problema, se ha dicho muchas veces, no es únicamente la acogida de los países desarrollados, aunque ésta ha de ejercerse lo más liberalmente posible, sino un plan concertado de ayuda al Tercer Mundo, mucho más vasto que todo lo conocido hasta la fecha, y en el caso de la Unión Europea, muy enfocado hacia el norte de África, que haga innecesario el éxodo. La regulación de la inmigración al Primer Mundo, que no es posible ni humano cegar del todo, es un problema multilateral y no sólo de los países miembros de la UE. La ayuda productiva, por otra parte, a los que, con eufemismo cruel, llamamos "no privilegiados", es una responsabilidad de todos los europeos en el propio interés de los países desarrollados.