El Gobierno cerró ayer el proceso de regularización de inmigrantes pese a las demandas para que ampliara el plazo

Ayer expiró el plazo. Durante cuatro meses, los inmigrantes que se encontraban en España en situación irregular y cumplían los requisitos del reglamento de documentación que entró en vigor en abril, han podido presentar sus solicitudes para dejar de ser ilegales. Sólo queda esperar la resolución de sus solicitudes, en un plazo mínimo de unos 15 días.Tras el Consejo de Ministros de ayer, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, anunció que el Gobierno "no se ha planteado" ampliar el proceso. Como estaba previsto, a las doce de la noche se cerraron las oficinas donde se tramitaron las peticiones de aquellos inmigrantes que habían disfrutado de un permiso de trabajo y residencia o sólo de residencia antes del 1 de enero de 1996 o tenían familiares con situación normalizada antes de la misma fecha.Aunque no hay datos oficiales, ni los habrá hasta la primera semana de septiembre, ya se conocen datos aproximados de algunas provincias, ya que el proceso se ha desarrollado de manera descentralizada.En Andalucía, el presidente de la organización no gubernamental (ONG) Andalucía Acoge, Juan Sánchez Miranda, estima que quedarán al menos 8.000 inmigrantes ilegales, después de que 2.000 hayan realizado sus peticiones para ser documentados.

El Gobierno había previsto tramitar alrededor de 60.000 solicitudes en este proceso extraordinario, que ha estado vigente durante cuatro meses; una cifra que queda muy lejos de las 20.000 que estiman algunas fuentes no gubernamentales.

Aún sin cifras definitivas, incluso antes de que expirara el plazo, se abrió la polémica y se calificó de "absoluto fracaso" este proceso. Sindicatos, ONG, la oficina del Defensor del Pueblo, e incluso la Generalitat de Cataluña y el gobernador de Barcelona, han pedido en los últimos días una ampliación del plazo o una flexibilización de los requisitos en próximos reglamentos.

Ayer, representantes de Comisiones Obreras presentaron en el Ministerio de la Presidencia 3.155 expedientes de inmigrantes que no cumplen los requisitos del reglamento pero demuestran arraigo social o relación laboral en España. Este sindicato cifró en 16.000 los inmigrantes que podrán ser expulsados desde hoy.