La cuestión cubana

El día 1 de agosto la ley Helms-Burton entra en vigor, con la excepción que confirma la regla del título III que se suspende por seis meses pese a las protestas de distintos países, de empresas multinacionales afectadas, de organismos internacionales y hasta de la propia UE. Estados Unidos ha impuesto su ley en la cuestión cubana: las elecciones presidenciales de noviembre y la fuerza del lobby cubano de Miami se han juntado para dictar al mundo la famosa ley libertad que sanciona las operaciones en la isla con bienes de ciudadanos o empresas de aquel país nacionalizadas por el régimen de Castro.Los contenidos de la ley Helms-Burton son de sobra conocidos: atentan contra el derecho internacional, contra las reglas mundiales del comercio, contra las normas de la OEA, del GATT y del TLC, contra Canadá, México y España, por este orden, esto es, atentan contra el llamado orden económico internacional, mientras apoyan las propuestas de la extrema derecha republicana y de los halcones cubanos de Miami con Más Canosa a la cabeza, como acaba de declarar el líder de Cambio Cubano en el exilio, Gutiérrez Menoyo, de tal manera que a través de los republicanos ese lobby cubano de exilio le impone al Gobierno del país más poderoso de la tierra una ley extraterritorial por un puñado de votos en el Estado de Florida.

¿Pero en realidad se aprueba esa ley por un puñado de votos, o también por un puñado de dólares? Según analizaba hace unas semanas la prestigiosa revista internacional The Economist en un número extra dedicado a Cuba que titulaba "Heroic illusions", la clave de esta ley no está ni en los votos cubanos de Florida (que seguirán siendo mayormente republicanos), ni en los derechos humanos (que siguen conculcados en muchos países del mundo relacionados con Estados Unidos), ni en el empeño de impulsar las reformas democráticas en la isla (pues su aprobación corta el diálogo iniciado entre el régimen y distintos sectores del exilio); la ley trataría sencillamente de impedir que la penetración económica de otros países en Cuba, especialmente Canadá y varios de la UE con España a la cabeza, consoliden en los próximos años su presencia estratégica en la economía caribeña, lo que impediría a medio plazo la reconquista económica de la isla por las empresas norteamericanas.

Esta ley universal se plantea por tanto como una estratégica operación económica no sólo contra Cuba y su Gobierno sino contra las empresas que invierten en la isla para volver a convertir a la caída de Castro la llamada perla del Caribe en lo que Leland H. Jenks llamó en su célebre libro antes de la revolución "nuestra colonia de Cuba".

Así lo ha entendido la primera empresa y el primer país inversor en la isla, la multinacional canadiense Sherritt, que con el firme apoyo de su Gobierno y pese a ser castigada por la ley Helms-Burton, se ha negado a reconocer su efecto y ha anunciado que ampliárá allí sus inversiones, centradas en los minerales estratégicos níquel y cobalto. La Sherritt, que venía funcionando desde 1990 en joint ventures con el Estado cubano, se propone aprovechar la nueva ley de inversiones extranjeras aprobada en Cuba en septiembre del año pasado para impulsar sus negocios y su independencia empresarial en la isla.

Sin embargo, ni el Gobierno español, ni todas las empresas españolas que operan en la gran Antilla han actuado con esa decisión en defensa de intereses económicos legítimos, que se justifican además por especiales relaciones históricas: Cuba es la España ultramarina, el país hermano como bien se llamó siempre, por eso defender nuestras relaciones económicas con la isla es defender también nuestros vínculos históricos.

Y ahora que se va a cumplir el centenario del 98 se puede en rigor establecer un cierto paralelismo histórico entre estas fechas, porque la pérdida de nuestra última colonia significó, para Estados Unidos una doble victoria, primero frente a los cubanos independentistas al limitar la soberanía mediante la enmienda Platt y luego frente a los españoles al sustituirnos en el control político y económico de la isla. Un siglo después la ley Helms-Burton puede ser también una doble victoria, al desplazar los intereses españoles -y de otros países- y volver a someter a los cubanos a la política del "destino manifiesto".

El drama de Estados Unidos con Cuba es el mismo que se atribuía a aquel crítico del desastre del 98, al regeneracionista Joaquín Costa, -a saber: que quiere ser demócrata y no puede, porque después de 37 años de confrontación política, económica y comercial, los norteamericanos siguen considerando a Cuba cosa suya y declarando ilegal la revolución, ahora mediante la ley Helms-Burton, que sigue a la ley Torricelli, que sigue a las leyes de emigración, que sigue al embargo, que suma y sigue, y lo único que logra es reforzar la unidad interior frente al enemigo externo y al exilio.

Los portavoces norteamericanos enfatizan el aspecto político de una ley que se propone "arrojar el comunismo cubano", ha declarado estos días el portavoz del presidente Clinton, "al basurero de la historia, que es donde tiene que estar". Pero una ley que mata la libertad económica en nombre de la libertad política, una ley que trata de quitar a Castro para colocar a Más Canosa en el papel, de Machado o de Batista, una ley que trata de rendir por hambre a los cubanos de la isla y a expulsar por decreto a los empresarios de fuera, no es una ley contra el régimen cubano, es una ley contra el régimen internacional.

La oposición unánime a la ley Helms-Burton de los principales aliados políticos y económicos de Estados Unidos expresa una posición de principio que no tiene nada que ver con el comunismo cubano: de aceptarse su aplicación se establecería un precedente por el cual Estados Unidos podría legislar para terceros países y tomar decisiones unilaterales para regir las actividades económicas y comerciales en el mundo, según sus particulares intereses nacionales.

La cuestión cubana que Plantea la llamada ley libertad, es sobre todo ésta: abre la posibilidad a los norteamericanos de utilizar a Cuba para imponer al mundo por ley sus intereses estratégicos, además de perjudicar las inversiones de otros países en la isla, que a la larga se verían desalojados de allí, cayendo Cuba cuando caiga Castro como "fruta madura" -según la conocida teoría histórica de J. Q. Adams- en manos de Estados Unidos.

Y que esta ley se apruebe a instancias de Más Canosa dejando fuera a otros sectores del exilio que empezaban a dialogar con el régimen cubano, y que esta ley se acuerde cuando las reformas económicas hacia el mercado avanzaban sin pausa, prueba el miedo de los sectores más radicales de Miami y del establishment económico norteamericano al posible éxito de los cambios que se están operando en Cuba.

Pero después de un siglo de vivir entre imperios, de luchar contra España para ser independiente, de luchar contra Estados Unidos para ser libre, y de luchar contra la URSS para ser de verdad socialista, Cuba se merece un respeto, y la obligación de los países democráticos es alentar las reformas políticas en la isla, y el interés de los empresarios de impulsar sus negocios para homologar a Cuba.

Ni los cubanos se merecen un estado de sitio económico, ni el mundo un estado de excepción legal que dependa de los tribunales norteamericanos, ni las empresas españolas un estado de gracia que dependa de Más Canosa, porque, como dijo hace precisamente un siglo, antes de que perdiéramos la isla, un destacadísimo representante del empresariado español, Pablo de Alzola, si no protegemos los intereses españoles allí, Estados Unidos "dada su proximidad, conseguirá el propósito de cerrar el mercado de Cuba a los artículos españoles". Que no se repita la historia.