El Congreso de Uruguay emprende acciones legales contra el falso acusador de Focoex

La Cámara de Diputados de Uruguay resolvió ayer, tras una larga deliberación que comenzó el día anterior, abrir un juicio político al diputado Leonardo Nicolini, que denunció las supuestas irregularidades de los negocios del anterior Gobierno con la empresa pública española Focoex. El juicio lo deberá llevar a cabo el Senado, ante el cual se presentará la acusación por "desarreglo de conducta", después de que el diputado entregó a una comisión investigadora dos documentos que los expertos aseguraron que eran falsos.El enjuiciamiento se aprobó por mayoría, con los votos de 58 diputados de los partidos Colorado, en el Gobierno, y Blanco, segunda fuerza política del país, contra 33 de la coalición de izquierdas Frente Amplio, a la que pertenece Nicolini. Los dos partidos que aprobaron el juicio político tienen una mayoría de dos tercios en el Senado, por lo que poseen votos suficientes como para castigar al diputado a causa del supuesto escándalo publicado por El Mundo, que no se ha hecho eco de la falsedad de los docurnentos.

Este procedimiento está regulado por una norma constitucional, pero que ha sido poco utilizada en Uruguay. Una vez recibida la denuncia, el Senado estudiará si hay razones para la formación de una causa y, en caso afirmativo, suspenderá al legislador en sus funciones y dispondrá que un tribunal del Poder judicial decida sobre la conducta del imputado.

De serle suspendida la inmunidad parlamentaria, Nicolini deberá afrontar varios juicios que le han promovido los ex funcionarios del anterior Gobierno, "heridos en su honor" con las falsas acusaciones.

Nicolini ha sido acusado de presentar dos documentos falsos donde constan los nombres de funcionarios de la anterior Administración del presidente Luis Alberto Lacalle supuestamente implicados en el cobro de comisiones en las compras a Focoex.

La Comisión Investigadora del Parlamento rechazó los documentos después de que los peritos calígrafos, los técnicos en informática de la Universidad de la República y de la empresa telefónica comprobaron que no eran verdaderos y que la transmisión de los dos fallos presentados no se había hecho desde Montevideo hacia España.

La presentación por Nicolini de los dos documentos falsos enrareció la discusión política en torno a la investigación de las compras por valor de unos 200 millones de dólares (unos 25.000 millones de pesetas) a Focoex por el Gobierno de Lacalle, financiado por un préstamo blando de las autoridades españolas. Mientras los blancos del ex presidente dice que la investigación se debe archivar, los colorados del actual gobernante, Julio María Sanguinet, quieren enviar los antecedentes la justicia en razón de que se apreciaron otras irregularidades que pueden constituir delitos.

La coalición de izquierdas ha anunciado que si el Parlamento no remite los antecedentes de la investigación a la Justicia, sus legisladores presentarán la denuncia ante un juzgado penal. No obstate, el senador Danilo Astori cuestionó las actitudes del diputado acusado y suspendió a Nicoli como dirigente y miembro de la Asamblea Uruguay, grupo mayoritario del Frente Amplio.