La Generalitat pide adelantar a 1998 la libertad de telecomunicación

La Generalitat de Cataluña exigió ayer al Gobierno que el segundo operador de cable pueda ofrecer servicio de telefonía básica el 1 de enero de 1998. El ministerio de Fomento ha anunciado recientemente que la liberalización no se realizará hasta 1999, pero las autoridades catalanas consideran "fundamental" que las empresas que opten al concurso del cable puedan ofrecer desde el principio servicios de telefonía.

A juicio del secretario general de Industria de la Generalitat, Miquel Puig, para garantizar la concurrencia en los concursos del segundo operador de cable es "imprescindible" que las empresas puedan ofrecer servicios de telefonía; de lo contrario existe el riesgo de que los concursos queden desiertos, especialmente en los pequeños municipios. Según Puig, la telefonía supone "la mitad del negocio para las empresas".

A preguntas de los periodistas, Puig negó que esta petición sea una exigencia de la compañía US West. El gigante norteamericano tiene el 20% de Cable y Televisión de Cataluña, que opera en Barcelona. Su presidenta en España, Maureen O'Ryan, había pedido públicamente dar servicio de telefonía básica para garantizar la rentabilidad de sus inversiones.

Exigencia de US West

La Generalitat también exige al Gobierno que quite los topes a la presencia de capital no comunitario -actualmente restringida al 25%- para asegurar la concurrencia a los concursos, otro de las condiciones que disgustaban a US WEST. Puig rehusó definir el porcentaje óptimo, aunque añadió que las dos opciones razonables son el 50% o el 100% del capital de la sociedad.Las propuestas de la Generalitat no tienen el aval sólo del gobierno catalán, sino que se han redactado conjuntamente con las asociaciones de municipios de Cataluña (FMC y ACM), que agrupa alcaldes de todos los partidos, incluso del PP.

Ayer mismo, la Generalitat entregó en el ministerio de Fomento la solicitud de 812 municipios catalanes que se han integrado en alguna de las tres demarcaciones de cable en que se ha dividido Cataluña. Estos municipios representan en 98,41% de la población.

Los representantes de las instituciones públicas catalanas se mostraron ayer confiados que el Gobierno asumirá estas peticiones. El alcalde de Sabadell, Antoni Farrés, expresó "su absoluto convencimiento de que Madrid será sensible" y añadió que de lo contrario habría "un enfrentamiento con toda Cataluña

Farrés expresó su deseo de consenso, pero precisó que los ayuntamientos tienen bazas para presionar: "El 15% de las infraestructuras de canalizaciones de Telefónica de Cataluña podrían ser consideradas de propiedad municipal", aseguró. "O nos ponemos de acuerdo o puede iniciarse una larga dinámica de pleitos", agregó Farrés.