El Gobierno endurece el control presupuestario
El Consejo de Ministros de ayer no sólo se ocupó de los Presupuestos pasados. También abordó algunos aspectos de los próximos. En concreto, aprobó un conjunto de medidas que se implantarán en las Cuentas del Estado del año próximo:Prohibición de la realización automática de modificaciones de contratos de obras. Ello supone la derogación del artículo 146.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas por el que se permitía, en algunos supuestos, el inicio automático de obras sin necesidad de proyecto, ni tramitación de expediente de gasto, con la mera propuesta técnica del director de obras.
Establecimiento de un régimen especial en materia presupuestaria por el que se iniciarán expedientes en los casos en que se produzcan incumplimientos de la normativa presupuestaria, especialmente la realización de gastos sin crédito, que podrían concluir en el cese del responsable de la infracción sin perjuicio de la exigencia, en su caso, de otro tipo de responsabilidades.
Distinción entre los créditos destinados a la inversión principal y los dirigidos a otras actuaciones conexas como el pago de expropiaciones, revisiones de precios y liquidaciones de obras ya contratadas.
Prohibición de incorporar remanentes de crédito no gastado a los créditos del presupuesto de gastos del ejercicio inmediato siguiente. Esta medida conlleva la derogación del artículo 73 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Las intervenciones delegadas de la Intervención General en los departamentos ministeriales establecerán un sistema de seguimiento y control de obras de emergencia.
El Consejo de Ministros deberá autorizar convenios de colaboración con otras administraciones públicas o entidades privadas de las que pueda derivarse alguna obligación para el Tesoro.
Por otra parte, el Consejo aprobó nueve expedientes que autorizan inversiones del grupo KIO en España. Los documentos se refieren a la sociedad Aparcamientos Reunidos, controlada por KIO, para que pueda efectuar una inversión en la sociedad española del mismo grupo Serpal Servicios Papeleros. El Gobierno estima que la medida tiene importancia política, ya que "se reconoce el carácter de inversor de soberanía extranjera" del grupo .
