Nuestros aliados no tienen criterios morales

Desde la aprobación de la ley Helms-Burton, Canadá, México y la Unión Europa han estado al borde de la apoplejía. Desde Ottawa y las capitales de Europa y Latinoamérica se han disparado amenazas histéricas de "medidas de represalia"; se han presentado protestas ante las organizaciones internacionales y se ha amenazado con boicoteos.Es comprensible que nuestros amigos de Canadá, Europa y Latinoamérica se sientan abofeteados, pues efectivamente lo han sido. Pero la bofetada no ha venido de Washington, sino de La Habana. Pocas semanas antes de la aprobación del proyecto de ley Helms-Burton tuvo lugar en La Habana una interesante reunión a la que se prestó poco interés. El entonces ministro de Asuntos Exteriores español [sic], Manuel Marín, cruzó el Atlántico para reunirse durante 10 horas con el dictador cubano Fidel Castro con el fin de abrir conversaciones sobre un nuevo acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.

En aquella reunión, Marín explicó a Castro que dicho acuerdo dependería de la disposición de Castro a reducir la presión sobre los disidentes, y mencionó expresamente al Concilio Cubano, un nuevo movimiento nacional de oposición.

Marín mostró el posible premio de un acuerdo que podría representar nuevas inversiones europeas en la isla por valor de miles de millones de dólares en el caso de que Castro moderase su comportamiento.

¿Cuál fue la respuesta de Castro? Unos días después de su reunión con Marín, desencadenó la mayor y más brutal persecución contra los disidentes de la isla en más de una década, en la que se detuvo a más de 200 disidentes asociados con el Concilio Cubano. Una semana después, mientras la represión continuaba a pleno ritmo, Castro ordenó a sus cazas soviéticos Mig-23 que despegaran para derribar dos aviones civiles estadounidenses desarmados que volaban en el espacio aéreo internacional, asesinando a sangre fría a cuatro seres humanos inocentes.

Desde entonces han ocurrido dos cosas. El Congreso de Estados Unidos aprobó la ley Helms-Burton (también llamada Libertad), posteriormente ratificada por el presidente Clinton; por otra parte, la Unión Europea abandonó discretamente sus planes de un acuerdo de cooperación con Castro.

Puede que nuestros amigos europeos prefieran olvidar esta cadena de acontecimientos, pero sería mejor que la recordaran si pretenden continuar con sus desafíos a la ley Helms-Burton. Y es que esos acontecimientos no sólo precipitaron la aprobación de la ley, sino que desacreditaron total y absolutamente la política europea de colaboración económica con el régimen de Castro.

Durante años, Europa, Canadá y otros países han intentado justificar su vergonzoso comercio con Cuba explicando que en realidad no están sacando provecho de la tiranía, y que sus inversiones "les proporcionan influencia sobre Castro" y les permiten conseguir que éste avance lentamente hacia el respeto de los derechos humanos y hacia un comportamiento propio de un miembro de la comunidad de naciones civilizadas.

Las acciones de Cuba han desmentido estas pretensiones moralistas. Ante la disyuntiva de perder un nuevo y beneficioso acuerdo comercial con Europa o moderar su comportamiento hacia la oposición democrática de la isla, Castro ha dicho a Europa con su actitud que se guardara su dinero.

Más tarde o más temprano, nuestros amigos tendrán que enfrentarse a un hecho incómodo: su política en Cuba ha fracasado. A pesar del alud de marcos alemanes, dólares canadienses, libras, pesos y francos que han entrado en las arcas del Gobierno cubano, Castro no ha emprendido reformas, ni las emprenderá. Los que pretenden justificar sus inversiones en Cuba disfrazándolas con falsos argumentos no engañan a nadie salvo a sí mismos. Su inversión en Cuba no hace nada para ayudar al pueblo cubano. Por el contrario, están ayudando a mantener a Castro en el poder.

Cuando las empresas europeas o canadienses invierten en Cuba no trabajan con empresarios privados: participan en empresas conjuntas con el. Gobierno cubano. No contratan a trabajadores pagándoles en divisas convertibles que éstos puedan emplear para alimentar a sus familias. Cada empresa tiene que pagar a Castro una suma sustancial -hasta 5.000 dólares (unas 625.000 pesetas) por trabajador-, y Castro a su vez paga al trabajador unos cuantos cientos de pesos cubanos, una ínfima parte de la cantidad original, mientras que el régimen se embolsa la diferencia.

Esto no supone potenciar al pueblo cubano, sino aprovecharse de lo que de hecho es mano de obra esclava. Sin embargo, ésa es precisamente la razón de que algunas empresas extranjeras estén tan enfadadas con la ley Libertad: Cuba, con su mano de obra esclava de bajo coste, es un paraíso para los inversores que carecen de criterios morales. Estos inversores en bancarrota moral son evidentemente la piedra angular que sostiene la debilitada dictadura de Castro.

Desde que perdió los 5.000 o 6.000 millones anuales de subvenciones soviéticas, Castro ha tratado frenéticamente de aprovecharse de las propiedades robadas a ciudadanos estadounidenses para financiar su régimen tambaleante. Y ha encontrado muchos cómplices británicos, canadienses, franceses, mexicanos y de otros países, dispuestos a traficar con estas propiedades robadas.

Los Gobiernos que se quejan de la ley Helms-Burton pasan hábilmente por alto ese punto: la legislación sólo afecta a aquellas empresas extranjeras que trafiquen con propiedades estadounidenses robadas. Estos "inversores" no son moralmente distintos de los delincuentes callejeros comunes que trafican con bienes robados como automóviles o equipos de música. La diferencia es que estos ejecutivos realizan el tráfico en reactores privados en lugar de hacerlo en locales sórdidos de los barrios bajos.

Si hicieran internamente lo que hacen internacionalmente -traficar con bienes robados-, se enfrentarían a un procesamiento y, probablemente, a una sentencia de prisión. En este caso, en cambio, disfrutan de la protección de sus Gobiernos, cuyos líderes alzan la voz ante el mundo y defienden lo indefendible con una cólera indigna.

Este tráfico deliberado y consciente con propiedades estadounidenses robadas está a pun Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior to de terminar. La ley Libertad advierte, a estos cómplices del robo de propiedades perpetrado por Castro que, si se enriquecen con propiedades sustraídas a ciudadanos estadounidenses, serán personas no gratas en EE UU y serán considerados responsables por los legítimos propietarios norteamericanos.

Por eso, el título tercero de la ley Libertad es enormemente importante. Al crear un derecho de querella particular que permite a los estadounidenses denunciar a estos traficantes y exigirles una compensación, acabará con este tráfico ilegal de bienes robados. La vergonzosa decisión del presidente Clinton de suspender esta disposición durante seis meses no hace sino aplazar lo inevitable. La amenaza de las querellas si gue pendiendo sobre las cabezas de los socios comerciales de Castro como la cuchilla de la guillotina. Y, antes o después, esa cuchilla caerá.

Es hora de que nuestros aliados europeos, canadienses y latinoamericanos dejen de tomarla con EE UU y se miren cara a cara al espejo. Deberían ser sinceros consigo mismos: su comercio con Castro no está haciendo nada por traer la democracia ni proteger los derechos humanos en Cuba.

Confío sinceramente en que, una vez que Canadá y la Unión Europa superen su sensación de inocencia herida y consideren objetivamente los acontecimientos que aceleraron la aprobación de la ley Helms-Burton, se den cuenta de que su comercio con Castro no ha moderado un ápice el comportamiento de éste. Sigue siendo el dictador arrogante y brutal que era hace 30 años.

Cualquier observador imparcial dará fe de que la política europea de colaboración con Castro es un lamentable fracaso. Es hora de que los europeos se unan al embargo estadounidense y aíslen al despreciable régimen de Castro.

Los que hacen negocios con este dictador comunista deberían, como mínimo, reconocer ante el mundo que están sacando provecho de la miseria del pueblo cubano. Además, estos traficantes tendrían que tener la decencia de sentarse, callarse y poner fin a sus falsas acusaciones que afirman que EE UU es un mal vecino o aliado. Son ellos quienes son malos vecinos, y no merecen ni simpatía ni respeto.

Jesse Helms es presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y coautor de la ley Helms-Burton.