La propuesta de CiU supondría aumentar en un 50% los recibos del agua

Los residentes en Barcelona y los municipios de su entorno, un total de 4,2 millones de los seis que tiene Cataluña, pagan un recibo del agua más caro que el resto de los españoles. Los recibos se ven incrementados en más del 50% debido a diversos impuestos directos de las administraciones local y autonómica. La tasa de saneamiento grava cada metro cúbico consumido en 33 pesetas. El canon de obras hidráulicas tiene una tarifa progresiva según el consumo. Estos impuestos son los que CiU propone extender al resto de España para reducir el déficit del Estado. Si se exporta al resto de España el modelo catalán, los recibos se verán incrementados en más del 50% en el mejor de los casos.

El canon de infraestructuras grava el consumo del agua. Los tres primeros metros cúbicos que gaste cada familia en un mes están exentos de este impuesto, pero los tres siguientes son recargados con 13 pesetas por cada metro cúbico. Si se supera esa cantidad, el recargo pasa a ser de 19,50 pesetas por metro cúbico consumido.Lo recaudado por este impuesto se destina a infraestructuras hidráulicas: desde redes de abastecimiento hasta la construcción de colectores de aguas pluviales. Según la previsión inicial, hecha en 1992, había de suponer unos 8.000 millones de pesetas al año. Esta cantidad está bastante lejos de la realidad. Los presupuestos de 1995 -prorrogados en 1996- rebajaban la previsión de ingresos por este concepto a 5.400 millones de pesetas.

El segundo impuesto, la tasa de saneamiento, se aplica a todos los metros cúbicos consumidos y supone un sobrecoste de 33 pesetas por cada 1.000 litros. El destinatario del impuesto es el Departamento de Medio Ambiente, que lo invierte en obras relacionadas con el ciclo del agua. Las últimas estimaciones arrojan recaudaciones que rondan los 12.000 millones de pesetas al año. La suma de ambas partidas y su extrapolación lineal a toda España permitiría calcular incrementos recaudatorios de 150.000 millones de pesetas para el Estado.

Pero no todo es de color de rosa. La aprobación en Cataluña de los impuestos directos que gravan el consumo del agua en el área metropolitana de Barcelona ha sido el desencadenante de un movimiento de objeción fiscal sin precedentes. Cada mes 70.000 familias catalanas rechazan estos impuestos y la forma de cobrarlos por el simple procedimiento de dejar de pagarlos. Andreu Naya, destacado dirigente de la plataforma contra el cobro de impuestos en el recibo del agua, expresaba ayer su perplejidad ante la propuesta de CiU de extender la "guerra del agua" a toda España.

La magnitud de la protesta forzó a la compañía de aguas de Barcelona a aceptar el pago de recibos de los que se habían deducido previamente los impuestos discutidos. En un primer momento, la empresa se negó a aceptar sólo la parte relacionada con el suministro de agua, pero el incremento progresivo de objetores hizo que modificara su actitud. En estos momentos, 70.000 familias abonan el importe del agua y el IVA, pero ingresan en una cuenta especial la cantidad correspondiente a los impuestos. La suma de estos ingresos asciende actualmente a 3.000 millones de pesetas.