El padre y el hermano del ex vicepresidente de la Junta trabajaron en el Consistorio marbellí antes del soborno

La familia del ex vicepresidente socialista de la Junta de Andalucía José Miguel Salinas encontró en Marbella un auténtico filón en la época en que el actual alcalde de ese municipio, Jesús Gil, sufrió el presunto soborno para amoldar a sus intereses unas recalificaciones urbanísticas. El hermano, Rafael Salinas Moya, abogado, fue contratado como asesor jurídico y experto en asuntos urbanísticos del Ayuntamiento entre 1983 y 1987. Y el padre, José Salinas González, también abogado, trabajó antes del presunto soborno tanto en la defensa de varios casos particulares de Gil como en el asesoramiento del Ayuntamiento marbellí.Fue Rafael Salinas, cargo de confianza del entonces alcalde, el socialista José Luis Rodríguez, el que suscribió el 10 de septiembre de 1986 el informe definitivo municipal asumiendo la resolución de la Junta que aceptaba el recurso de Jesús-Gil contra la rebaja de edificabilidad de dos solares de su propiedad. También fue Rafael Salinas el que, según la denuncia de Gil investigada por la fiscalía anticorrupción, puso en contacto al actual alcalde de Marbella con el despacho de su padre en Córdoba. Y fue éste último, José Salinas González, el que supuestamente planteó la extorsión a cambio de 220 millones de pesetas. 200 eran, en teoría, para la Junta y 20 en concepto de su minuta profesional.

José Salinas González, además, también fue contratado por el Ayuntamiento de Marbella entre 1984 y 1985 para asesorar al interventor municipal. Se le hizo un contrato de prestación de servicios por recomendación del alcalde. Su hijo Rafael ya había entrado a trabajar en el Ayuntamiento en 1983 tras superar una selección para un puesto de seis meses y quedarse luego hasta 1987 como "funcionario de empleo", es decir, cargo de confianza del alcalde.

El entonces regidor, José Luis Rodríguez, admitió que fue el hijo el que le "vendió" las cualificaciones profesionales de su padre, remarcando que en Córdoba ganaba todos los recursos que presentaba el Ayuntamiento sobre ese tipo de asuntos.

En Córdoba, la familia Salinas no quiere realizar ningún tipo de declaración sobre el caso. El padre continúa al parecer enfermo. El ex vicepresidente de la Junta insiste en situarse al margen de esta denuncia, donde no figura como acusado.