El Gobierno aprueba un plan de medidas genéricas dirigidas a aflorar nuevas bolsas de fraude fiscal

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, explicó ayer un plan de lucha contra el fraude que, en principio, es un documento de compromiso en el que se localizan los problemas y se proponen unos objetivos. El plan de lucha contra el fraude fiscal tendrá carácter bienal, "aunque daremos información de su evolución cada trimestre, atendiendo a una petición expresa efectuada por el presidente del Gobierno en el transcurso del Consejo de Ministros". Sin embargo, ayer el titular de Economía fue poco explícito, sobre todo en lo referente a los resultados que espera obtener. No precisó qué ingresos adicionales planea lograr con estas medidas, aunque pocas horas después, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Economía del Congreso, Fernando López Amor, le enmendara levemente la plan asegurando que el plan puede aflorar ya en 1996 un máximo de 300.000 millones de pesetas de dinero negro.Esta cifra es muy similar a la que manejaron los responsables de Hacienda en la etapa socialista cuando presentaron iniciativas calcadas a las anunciadas ayer. La más reciente fue la enero de 1995, cuando se aprobó un paquete de 448 medidas contra el fraude en Hacienda, Seguridad Social y Sanidad. Esas medidas fueron una conclusión de las actuaciones realizadas por la Unidad Especial para el Estudio y Propuesta de Medidas para la Corrección del Fraude, creada en el verano de 1994 y que se disolvió finalizado su trabajo, presentó una lista de 259 recomendaciones para corregir los fraudes en sus distintas versiones: economía sumergida, fraude fiscal, impuestos especiales, Seguridad Social, desempleo, prestación farmacéutica y fraude a las subvenciones. Su aplicación posterior no resultó todo lo brillante que cabía esperar.

Rato no se atrevió a dar un cálculo sobre las bolsas de dinero oculto que va a conseguir aflorar con el plan, que entrará en vigor la semana próxima. La única estimación que existe en este punto, realizada por el Gobierno del PSOE, es de tres billones de pesetas, aunque el vicepresidente la considera poco creíble en contra de lo que publicaba ayer El Mundo.

El ministro de Economía explicó que este conjunto de medidas supone un cambio de filosofía respecto a la aplicada por el PSOE. "Hasta ahora", señaló, "siempre se fijaba un objetivo de recaudación. Con el nuevo plan tratamos de descubrir nuevos bolsas de dinero oculto". Y después, relató el vasto y genérico, aunque claramente repetitivo en varios de sus extremos, paquete de medidas aprobado ayer, que consta de nueve ámbitos a los que se prestará una especial atención:

IVA: Hacienda vigilará el cumplimiento de las obligaciones tributarías derivadas de la aplicación del IVA respecto a su correcta repercusión e ingreso. El objetivo central de la Agencia Tributaria será descubrir contribuyentes no declarantes, incidiendo tanto en el régimen de estimación directa como en los diferentes regímenes de estimación objetiva. Este mensaje es prácticamente idéntico al lanzado reiteradamente por los Gobiernos socialistas, incluso cuando el hoy diputado José Borrell era secretario de Estado de Hacienda.

Impuestos especiales: El Gobierno estima que la desaparición de los monopolios de petróleo y tabaco ha provocado un incremento del fraude en los impuestos especiales. Por ello, el plan se centrará en la intervención preventiva, sobre todo en los circuitos iniciales de producción y comercialización de los productos sujetos a estos impuestos.

Comercio exterior: El Ministerio de Economía tiene la intención de reformar la estructura y el funcionamiento del Servicio de Vigilancia Aduanera de tal forma que las actuaciones inspectoras sean la más rápidas y flexibles.

Actividades y operaciones ocultas: El plan aprobado ayer pretende descubrir actividades que, por su naturaleza o instrumentación jurídica, puedan quedar fuera del radio de acción de la administración fiscal. Para cumplir este objetivo, se crearán unidades especializadas dependientes de cada ámbito territorial. Además, Hacienda elevará de cinco a seis años el plazo de prescripción de las deudas tributarías sólo para las personas que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Para el resto, el periodo sigue en cinco anos, aunque se había barajado la posibilidad de rebajarlo a tres.

Uso de personas físicas y entidades, mercantiles con falseamiento de datos: Hacienda pretende fijar una serie de controles administrativos y un marco normativo para desvelar la realidad objetiva del contribuyente frente a figuras como la del testaferro y el empleo de documentos falsos.

Paraísos fiscales: La intención de la comisión que vigilará el cumplimiento del plan -presidida por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa- es revisar el concepto de residencia fiscal, de tal forma que los ciudadanos españoles que fijen su residencia en algún paraíso fiscal permanezcan sujetos a la tributación española "durante un largo tiempo".

Deslocalización de sujetos pasivos: El Gobierno quiere perseguir los cambios de domicilio efectuados única y exclusivamente con el fin de eludir el pago de tributos. En concreto, vigilará con unidades especiales los cambios de Estados o, internamente, los traslados desde territorios forales a territorios de derecho y viceversa.

Fraude en el procedimiento recaudatorio: Hacienda pretende atajar la utilización de la insolvencia fraudulenta como instrumento para evitar la tributación.

Actualización de balance: Otro de los objetivos centrales del plan de lucha contra el fraude es controlar la forma en que las empresas van a realizar la actualización de balances aprobada recientemente por el Gobierno.

Rato resaltó que estas iniciativas se completarán con una mejor atención al contribuyente, que se traducirá en la creación de un estatuto específico. Además, Hacienda tiene previsto que el pago de impuestos se pueda realizar desde ahora con medios de pago electrónicos, como las tarjetas o el monedero electrónico, así como crear una ventanilla única.