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PROGRAMA ECONÓMICO DEL PP.

El PSOE dice que el plan es una copia del suyo aplicado en 1994

El portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, aseguró ayer que el plan que ahora presenta el Gobierno del PP es una copia del que ya puso en marcha el Gabinete socialista en el año 1994. Eguiagaray añadió que las medidas fiscales y económicas del Ejecutivo van dirigidas fundamentalmente a unos colectivos que "salen claramente beneficiados" en relación con la mayoría de la población. El ex ministro de Industria recordó que en el año 1993 el Gobierno socialista acordó la creación de una unidad especial para el estudio de medidas de corrección del fraude cuyo objetivo era prevenir daños a la Hacienda pública y a la Tesorería de la Seguridad Social,El ex ministro de Economía, Pedro Solbes, insistió también en que el Gobierno de José María Aznar está poniendo en marcha unas medidas de lucha contra el fraude que "ya están absolutamente aplicadas" en algunos casos pero que "vende" como si fueran nuevas a la opinión pública. Solbes añadió que "las empresas que tengan deudas con la Seguridad Social no reciben subvenciones por ley y por lo tanto no es ninguna novedad". A juicio de Solbes, "estos modelos de hacer mucho ruido y pocas nueces no son buenos a largo plazo. Están muy bien en el momento inicial pero son poco efectivos".

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El presidente de la CEOE, José María Cuevas, comparte el objetivo del Gobierno de combatir el fraude de las empresas a la Seguridad Social, si bien pide prudencia en la aplicación de las medidas porque pueden provocar el cierre de algunas empresas. Cuevas se mostró partidario de combatir el fraude de impagos de obligaciones fiscales y de cuota sociales aunque advirtió que "si este clima se generaliza se puede volver contra la empresa que paga".

Por su parte el sindicato Comisiones Obreras considera que las medidas aprobadas por el Gobierno se limitan a una declaración de compromiso con la legalidad vigente. Según esta central sindical hay que apoyar todas las medidas que realmente persigan luchar contra el fraude aunque, no obstante, se deben priorizar los esfuerzos para combatir el fraude existente en la recaudación de los ingresos públicos. A su juicio, estas medidas no aportan ninguna novedad legislativa.

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