Industria prepara un nuevo decreto sobre el gas, que limitará el acceso de terceros a la red

El Ministerio de Industria y Energía prepara un nuevo decreto de liberalización sobre acceso de terceros a la red de suministro de gas, en sustitución del que se publicó el pasado día 8, según fuentes ministeriales. El nuevo decreto subsanará algunas deficiencias técnicas del ya publicado y recogerá observaciones planteadas por Gas Natural, la empresa afectada. Ésta no pudo presentarlas porque recibió la comunicación el mismo día que se aprobó el decreto. Según la concesión administrativa de explotación, el plazo para que la empresa comunique sus observaciones es de diez días.

Tanto medios gubernamentales como de la empresa gasista coinciden en señalar que el nuevo decreto verá la luz antes de finales de este mes de julio. Fuentes gubernamentales han atribuido el hecho de que Gas Natural recibiera el borrador del decreto simultánemante a su aprobación a un error, ya que debería haberse respetado el plazo de diez días para recibir las observaciones de la empresa, así como a conocer la opinión del Consejo de Estado, también preceptiva.En cualquier caso, y como el decreto ya publicado fue acogido con cierta reserva por La Caixa, primer accionista financiero de Gas Natural, con el 25,5%, y el BBV, también principal accionista de Repsol, propietaria del 45% de la empresa gasista, las fuentes consultadas aseguran que su nuevo redactado satisfará tanto la orientación liberalizadora del ministerio como los puntos de vista de Gas Natural.

Nada más conocer el primer borrador de decreto, el director general de La Caixa, Josep Vilarasau, transmitió sus divergencias con el decreto tanto al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, como al Ministerio de Industria.

El principal problema reside en que, en su redacción actual, cualquier empresa española o europea podría conectarse a la red de alta presión de suministro de Gas Natural y ofrecer sus servicios de distribución a los usuarios, fueran estos particulares o empresas. Desde el punto de vista de Gas Natural -que cuenta entre sus asesores con el abogado y antiguo portavoz de CiU en el Parlamento, Miquel Roca- la estructura del mercado del gas obliga a cuantiosas inversiones y a políticas de largo plazo para asegurar el abastecimiento y el almacenamiento del producto.

En una situación en la que cualquiera podría acceder a la red para distribuir su propio gas, a cambio de pagar un canon, Gas Natural debería cuestionarse su política de cuantiosas inversiones a largo plazo, tanto en la red de gasoductos como en la construcción y mantenimiento de centros de almacenamiento.

Por otra parte, se argumenta, la propia Unión Europea no ha avanzado prácticamente nada en este terreno, fundamentalmente por los mismos motivos. La única excepción la constituye el Reino Unido, pero en este caso porque tiene sus propios yacimientos de gas. En cambio, la comunidad sí se ha planteado medidas en referencia al sector eléctrico.

Desde el ministerio, en cambio, se opina que la liberalización del gas es un paso previo a la de la electricidad, debido a que el primero es cada vez más la principal fuente de producción de energía eléctrica, en las centrales llamadas de ciclo combinado. Por este motivo, las fuentes consultadas coinciden en señalar que el nuevo decreto podría contemplar una situación especial para el consumo de las de las empresas eléctricas. Estas, a pesar de no estar directamente afectadas por el decreto, también están participando en su reelaboración. En lo referente a los retoques técnicos, el primer decreto, número 1377, publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado 8 de junio, contiene algunos errores importantes. La resolución del Consejo de Ministros incluye en el mismo bloque disposiciones sobre la vivienda y acerca de la liberalización en la distribución de carburantes. Al definir, en el artículo 3, los requisitos para el acceso de terceros a la red nacional de gasoductos, el decreto toma como punto de referencia el artículo 1 que, sin embargo, no versa sobre ese asunto sino sobre "medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo".