Los Quince aprueban el nuevo convenio europeo de extradición

Los Quince se pusieron ayer por fin de acuerdo sobre la versión definitiva del nuevo Convenio Europeo de Extradición. Las reticencias expresadas la víspera por Holanda desaparecieron ayer como por arte de magia. A la reconsideración holandesa no fueron ajenas ni la habilidad de la presidencia italiana ni la reacción del Reino Unido. Londres amenazó con exigir que se retocara la parte relativa al tráfico de drogas, lo que fue interpretado por La Haya como una amenaza para su política de tolerancia hacia el consumo de drogas.Los malentendidos se aclararon a lo largo de la mañana sin necesidad siquiera de convocar de urgencia a los embajadores de los Quince.

Las modificaciones introducidas en. el Convenio impiden que un país miembro de la Unión Europea (UE) pueda negar la extradición de un nacional comunitario acusado de delitos de terrorismo, aunque esa acusación se limite a la pertenencia a banda armada. Todo ello con dos condiciones: que la pena con que se castiga el delito en el país que reclama la extradición sea por lo menos de 12 meses de cárcel y que se dé una relación de causa-efecto en la colaboración con la banda armada.

El representante permanente (le España, Javier Elorza, que elogió la actitud política mantenida en las últimas semanas por Bélgica -a diferencia de las tensiones vividas en meses anteriores-, explicó que las nuevas medidas de extradición se podrán aplicar de forma reatroactiva. Ello permitirá acabar de una vez con el enfrentamiento que viven España y Bélgica desde 1993 por el tratamiento dado por este país a los dos presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno Ramajo y Raquel García Arranz.

El nuevo convenio, que debe ahora ser ratificado por cada uno de los Parlamentos de los Quince para su entrada en vigor, no acaba con la posibilidad de que un Estado de la Unión Europea conceda asilo político a un nacional de otro país comunitario, pero ese asilo nunca podrá otorgarse en el caso de que haya acusaciones de terrorismo. Tanto Francia como Alemania se han reservado el derecho de no extraditar a sus nacionales, pero en ese caso sí deberán juzgarles por los delitos que son acusados en otro Estado miembro.

El convenio de extradición afecta también a otras materias, además de terrorismo, como tráfico de drogas u otras formas de crimen organizado o actos violentos contra la vida de las personas.

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