Ciu y PNV fuerzan una ley para liberalizar las telecomunicaciones

Los nacionalistas catalanes y el PNV forzaron ayer al Gobierno a tramitar por ley el decreto de liberalización de las telecomunicaciones. De esa manera, los socios que permiten al Partido Popular mantener una mayoría parlamentaria podrán modificar el texto. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó -con los votos en contra del PSOE, IU y Bloque Nacionalista Galego- la convalidación del decreto. Sin embargo, los díputados votaron por unanimidad a favor de su tramitación como proyecto de ley.

Pese a que CiU y el PP habían llegado previamente al acuerdo de tramitar el decreto como ley, hubo debate. En el transcurso del mismo se produjo un duro intercambio de acusaciones entre el PSOE y el Gobierno del PP a propósito de los presuntos apoyos financieros que ambas fuerzas han tenido o están teniendo. El portavoz de telecomunicaciones del PSOE, Genaro García Arreciado, acusó al Gobierno de favorecer en la actual política de comunicaciones al Banco Santander y a su presidente, Emilio Botín. "Este decreto ley es el primer pago de una hipoteca que tiene el Gobierno con poderes y grupos financieros", dijo García Arreciado.En su respuesta, el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, que defendió el texto del decreto ley, afirmó que la argumentación del portavoz socialista era "rayana en la pura tontería" y recordó "que el PSOE había tenido constantes apoyos de la banca - en los años 80". El portavoz del PSOE remachó sus críticas al PP señalando que "no ha habido ningún Botín en la historia de la democracia que haya dicho a nuestro Gobierno lo que tiene que hacer, ni cuándo ni cómo". Más tarde, en los pasillos, Arias Salgado dijo: "Que lo demuestren ¿dónde están las pruebas de esa acusación?".

El portavoz del PSOE retiró la propuesta inicial de presentar un recurso de ínconstitucionalidad pero puso "gravísimas objeciones" al decreto ley "tanto desde el punto de vista jurídico, porque no existen razones de urgencia y además trata derechos fundamentales, como desde la perspectiva política". Arreciado se mostró muy crítico con el "castigo" a Telefónica "a la que se quiere impedir operar hasta el año 2.000. En parecido tono crítico se pronunció el portavoz de IU, Felipe Alcaraz.

CiU, que se mostró de acuerdo en los contenidos básicos del decreto, al igual que el PNV y Coalición Canaria, espera introducir enmiendas en temas como demarcaciones; convalidación automática de concursos municipales de cable (a la que se oponen) y modelo de segundo operador.