Un tribunal ordena el cierre de El Cabril por almacenar residuos nucleares sin autorización

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado la clausura del cementerio de residuos radiactivos de baja y media actividad de El Cabril, en Hornachuelos (Córdoba), por estimar que sus instalaciones están autorizadas a almacenar residuos radiactivos sólidos, pero no para albergar desechos nucleares, como los que guarda procedentes de las centrales de Zorita, Garoña y Ascó. La sentencia, que el Gobierno recurrirá en el Supremo, puede considerarse testimonial: no acarreará el cierre del cementerio, pero hace que la Administración deba presentar los permisos o legalizar la instalación.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) toma en consideración los argumentos de la Asociación Española de Defensa de la Naturaleza (Aedenat) que en 1988 inició el pleito por considerar que el almacenamiento de material nuclear en El Cabril era ilegal al no tenerse constancia de la autorización previa ni de la construcción de la instalación, licencias que corresponde conceder al Ministerio de Industria y Energía. El TSJM es el órgano competente porque la denuncia fue presentada ante la Dirección General de la Energía.Aedenat va a solicitar de inmediato la ejecución de la sentencia, según afirmó ayer el abogado de la asociación ecologista y ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Sarazá, lo que significa, el cierre mientras no se acredite la legalización o la existencia de los permisos pertinentes.

[El Gobierno emitió ayer un comunicado anunciando que ha decidido recurrir la sentencia ante el Supremo y que considera que, según órdenes ministeriales de 1989 y 1992, Enresa tiene autorización para "la construcción de ampliación de la instalación nuclear de El Cábril y su puesta en marcha"].

El Cabril funciona como almacén de residuos y desechos radiactivos desde 1961 en Sierra Albarrana, en el término municipal de Hornachuelos. En 1975, la Dirección General de Energía otorgó a la Junta de Energía Nuclear permiso para la puesta en marcha de ese centro para albergar residuos radiactivos. La instalación estuvo 14 años a pleno rendimiento sin tener autorizacion para ello.

En abril de 1986, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) se hizo cargo de la explotación del cementerio de El Cabril. En 1987 se le autorizó a almacenar temporalmente basura radiactiva de baja y media actividad procedente de centrales nucleares españolas. Pero ahora, la sentencia establece que las instalaciones de El Cabril éstán autorizadas a almacenar residuos radiactívos sólidos pero no para albergar desechos nucleares, como los que ahora mismo guarda procedentes de las centrales de Zorita, Garoña y Ascó.

De 1961 a 1992.

La sentencia afecta, en concreto, al almacenamiento de todos los residuos nucleares que se produjeron desde 1961 a 1992. En este último año, Enresa puso en marcha El Cabril II, instalación ésta que sí cuenta con las autorizaciones preceptivas.

No ocurrió de la misma forma con El Cabril I, que almacenó basura nuclear sin los correspondientes permisos. Las instalaciones nucleares requieren, según los casos, las autorizaciones previas, de construcción y de puesta en marcha. Estos preceptos son de aplicación en este caso, según la resolución judicial, dada la transformación a la que se sometió a El Cabril, que de ser una instalación radiactiva de tercera categoría se convirtió en una instalación nuclear.

"Por ello, al no constar que la Administración haya procedido conforme al sistema de autorizaciones previas, tales instalaciones incumplen las normas para su correcto funcionamiento, desde el punto de vista jurídico, por lo que procede su cierre mientras no se acredite el cumplimiento por parte de la Administración de legalización de las mismas", establece el fallo del tribunal superior de Madrid, que desestima la petición de Aedenat para que el Gobierno elabore un plan de desalojo de los bidones con material nuclear alojados ilegalmente. El portavoz de los ecologistas, José Larios, calculó ayer que hay almacenados 12.000 barriles ilegales, con más de 200 litros de capacidad cada uno.

Sarazá dijo que la Dirección General de Energía y Enresa tienen ahora que demostrar qué zonas de El Cabril están realmente legalizadas. Máximo Paranilla, jefe del Departamento de Comunicación de Enresa, aseguró ayer que desconocía el texto de la sentencia, ya que su empresa no ha sido objeto de la demanda presentada por Aedenat, que recurrió ante la Dirección General de Energía. No obstante, añadió que Enresa creía que este problema administrativo había quedado resuelto en 1992, cuando se autoriza a la empresa de residuos a gestionar El Cabril Il.

[Desde Enresa se interpreta que el fallo del TSJM se debe a que no se ha tenido en cuenta la autorización de 1992 y el paso siguiente es que alguien les notifique la sentencia. Enresa señala que el problema parte de la dificultad para definir lo que se considera como residuos radiactivos o como nucleares, ya que la Ley de Energía Nuclear de 1964 "es muy confusa al respecto", ha señalado a Europa Press Jorge Lang-Lenton, director de diversificación y relaciones externa de Enresa.]

Dimisión

Aedenat ha pedido la dimisión del presidente de la Junta de Energía Nuclear, Juan Manuel Kindelán, porque cuando El Cabril ahora declarado ilegal estuvo funcionando era el presidente de Enresa. Esta petición de dimisión la apoyará también Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, según aseguró ayer la portavoz de este grupo parlamentario y diputada por Córdoba, Rosa Aguilar.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid introduce también un novedoso precedente jurídico al considerar en su sentencia que la asociación ecologista, está legitimada para interponer este recurso contencioso-administrativo al tratarse de un derecho constitucional solidario, "en la medida en que responde a las inquietudes colectivas que aspiran a una mejor calidad de vida, oponiéndose a posibles perturbaciones del medio ambiente". La Administración central había cuestionado la legitimidad de los ecologistas este asunto. Aedenat recuerda que los trámites para licenciar una instalación nuclear son mucho más largos que los de una radiactiva, e incluyen información pública, pues los riesgos asociados son mucho mayores.