El Gobierno quiere que los aumentos salariales se vinculen a la productividad y no a la inflación

El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, quiere darle la vuelta a la negociación colectiva. En su opinión, los incrementos salariales deben vincularse a la productividad y no a la inflación, como el mejor camino para lograr la estabilidad de los precios. Rato, que compareció ayer en el Senado, tuvo que oír desde las filas socialistas que su reforma del tratamiento fiscal de las plusvalías favorece a los más ricos. En contra, argumentó que el mínimo exento de 200.000 pesetas hará que el 40% de las plusvalías, las de menor cuantía, no tengan que pagar el impuesto. Rato anunció, por otra parte, que el Gobierno no tiene previsto modificar las variables que determinan el reparto de la financiación entre las comunidades autónomas. Añadió que la política de rigor presupuestario deberá proseguir aún después de que España logre formar parte de la moneda única.

Rodrigo Rato acudió ayer al Senado para explicar, como hizo días atrás en el Congreso, los objetivos de la política económica. En esencia, defendió que la estabilidad macroeconómica, es decir, la rebaja del déficit público y de la inflación, junto a las medidas de liberalización de la economía, son el mejor camino para reducir el paro. Negó que estabilidad macroeconómica y empleo estén reñidos y dijo que son precisamente los países con baja inflación y déficit público controlado quienes mejor han resuelto ese problema.La estabilidad de precios, uno de los objetivos principales del actual Gobierno, "es el mejor camino para garantizar la neutralidad de la política monetaria", dijo el vicepresidente. Si eso se consigue "los tipos de interés deberían registrar un descenso importante de aquí a finales de 1997", afirmó. Para conseguir la estabilidad de precios es fundamental mantener la moderación salarial pero entendida de otra forma, según Rato. "El Gobierno cree que los efectos erosionadores de la inflación no pueden compensarse con políticas de indexación", con excepción de las pensiones, explicó. Al contrario, "los aumentos salariales deben estar más acordes con la productividad que con la inflación", afirmó Rato.

En su último informe anual, el Banco de España planteaba también la necesidad de ligar salarios a productividad y de eliminar la referencia a la inflación. El ministro de Trabajo, Javier Arenas, defendió igualmente ayer en el Congreso la moderación salarial, aunque empezó reconociendo que en los últimos años "los sindicatos están aceptando importantes sacrificios salariales". Para próximos años, Arenas propuso lo siguiente: "Estaría bien vincular los aumentos salariales a la productividad y a la creación de empleo estable".

El otro objetivo fundamental, la reducción del déficit público, "no es una necesidad coyuntural", afirmó el vicepresidente. Según dijo, aun después de que España logre entrar a formar parte de la unión económica y monetaria en el pelotón de cabeza, "el rigor presupuestario debe mantenerse; no es algo que se agote el 1 de enero de l998" [en los primeros meses de ese año se producirá el examen con datos de 1997]. Rato puntualizó que entre los años 1996 y 1997 "habrá que hacer el 70% de los esfuerzos requeridos para estar en la UEM".

El vicepresidente explicó después las medidas que en esa dirección acaba de aprobar el Gobierno y puso algunas fechas a otras que en la actualidad están en estudio. En el área tributaría, explicó que el Gobierno se propone aprobar el estatuto del contribuyente (en este semestre), la oficina del contribuyente (inmediata) y el real decreto de consultas vinculantes (pronto).

Reiteró el compromiso de reducción de los tramos de la tarifa del impuesto sobre la renta (en esta legislatura), así como llevar a cabo modificaciones en la base imponible que reflejen mejor la situación familiar de los contribuyentes. Igualmente, Rato anunció que se va a modificar la fiscalidad de los sistemas de previsión social, aunque para ello se esperará a las conclusiones de la ponencia parlamentaria creada al efecto.

En el impuesto de sociedades, el Gobierno se propone aprobar el reglamento (antes de final de año), de amortización para las empresas, la definición de los incentivos fiscales en sociedades, la reforma del impuesto de actividades eco nómicas y del sistema de módulos. Asimismo, habrá un nuevo plan de lucha contra el fraude que este ano se centrará en el IVA y en el control de las declaraciones anuales de impuestos. En cuanto a la financiación autonómica, Rato reiteró que la corresponsabilidad fiscal, es decir, la cesión del 30% del IRPF, la capacidad normativa para los tributos cedidos y la participación de las autonomías en la Agencia Tributaria, se pondrá en marcha el 1 de enero de 1997. Puntualizó, sin embargo, que no se modificarán los criterios de reparto de la financiación entre las distintas autonomías que, en la actualidad, tienen en cuenta variables como la población, superficie, pobreza relativa, insularidad y esfuerzo fiscal.

Hoy, debate en el Congreso

En cuanto a las medidas ya aprobadas, el vicepresidente tuvo que digerir ayer lo que puede ser el aperitivo de lo que le espera para hoy cuando se debatan en el pleno del Congreso dos de los decretos que las incluyen, el de medidas fiscales y el de liberalización del suelo y los colegios profesionales. El senador socialista Octavio José Granados aseguró que el nuevo tratamiento fiscal de las plusvalías beneficiará a los más ricos. Explicó que al establecer un tipo único del 20%, aquellos cuyo tipo medio era inferior -anterior sistema- pagarán más. "Van a conseguir que lo único progresivo en el IRPF sean las rentas del trabajo", afirmó Granados.

Rato contestó que contraponer rentas del trabajo y rentas empresariales es "un argumento simplista", ya que en las primeras se incluyen, por ejemplo, los sueldos de los gerentes de las empresas. Afirmó que el mínimo exento de 200.000 pesetas -del que no se benefician los fondos de inversión- hará que el nuevo sistema de tributación de las plusvalías "sea progresivo" y que el 40% de las plusvalías declaradas no tributen. Los dos años que permiten no tributar a las plusvalías (diferencia entre la fecha de compra y la de venta) tampoco favorecen a los más ricos, según Rato, porque son éstos "quienes, más tiempo pueden aguantar una inversión".

El vicepresidente admitió que algunos de los decretos ley que hoy y la próxima semana se debaten en el Congreso, puedan tramitarse después como proyectos de ley para incluir enmiendas.