Gobierno decidirá sobre el interrogatorio a Carles tras el informe judicial

El Gobierno español no tiene decidido su criterio sobre la concesión de la comisión rogatoria solicitada por las autoridades italianas para que el cardenal arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, sea llamado a declarar en Italia como imputado en un caso sobre blanqueo de dinero y tráfico de armas. Fuentes gubernamentales informaron que en los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia no se había recibido ayer la petición italiana. Una vez recibida, Justicia la trasladará a los tribunales competentes y sólo cuando se reciba el informe de éstos, el Ejecutivo tomará una decisión, para lo que cuenta con un plazo de varias semanas. Los fiscales italianos acusan al cardenal español de actuar como intermediario en una operación de venta de 100 millones de dólares (12.900 millones de pesetas), a través del Instituto para las Obras de Religión (IOR). Carles fue implicado porque Riccardo Marocco dijo por teléfono a una novia en Suiza que "el arzobispo de Barcelona" patrocinaba un cambio de divisas. En un careo entre Marocco y la catalana residente en Milán, Montserrat Romeu, ésta rechazó que Carles tuviera alguna relación con los hechos.

Eugeni Gay, presidente del Consejo General de la Abogacía y abogado de Carles, se trasladó a principios de este mes a Nápoles para conocer las imputaciones contra su defendido, pero el fiscal jefe de Torre Annunziata, Alfredo Ormanini, denegó al letrado la visión de los documentos de la investigación Cheque to cheque, relativos a su cliente. El fiscal Ormanini explicó a Gay que los documentos de los que se deduce la implicación de Carles en este asunto sólo podrán ser consultados después de que sea remitida a las autoridades españolas la comisión rogatoria para poder interrogar al arzobispo.

Informe judicial catalán

La comisión rogatoria no había llegado ayer al Gobierno español. Fuentes del Ministerio de Justicia informaron a este periódico que, una vez en poder de este departamento, bien directamente o a través de vía diplomática, Justicia lo remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que el juzgado competente informe sobre la misma. Según las mismas fuentes, "sólo una vez devuelta a Justicia por los tribunales, este departamento podrá tomar una determinación, que propondrá a su vez al Consejo de Ministros". Precisaron que el informe judicial no es vinculante y que para la respuesta gubernamental existe un plazo de varias semanas. La primera vez que las autoridades italianas recabaron la autorización de las españolas para interrogar a Carles, el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, se opuso a la comisión rogatoria, por estimar inconsistentes los indicios esgrimidos contra el prelado. Sin embargo, las acusaciones de los fiscales podrían crear dificultades a Carles para desplazarse a Roma por razón de su cargo.

El cardenal Carles ha manifestado recientemente que "es el momento de que yo me defienda civil y penalmente y ponga todos los medios para defender la verdad y mi honra".