Los constructores piden hoy a Rato que frene el recorte inversor y agilice el pagó de la deuda

Las empresas constructoras solicitarán hoy al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, que no introduzca más recortes a la inversión en los presupuestos del año próximo y que agilice, el pago que la Administración mantiene con ella. La deuda del conjunto de las administraciones públicas con las constructoras rondan los 850.000 millones de pesetas, según cálculos empresariales. Además, los constructores le plantearán los pros y contras de que la financiación extrapresupuestaria funcione como una alternativa a la inversión pública.

Cada año, la asamblea de SEOPAN (organización que aglutina a las principales constructoras españolas) sirve para que los representantes del sector con más, peso en la economía española expongan sus problemas y eleven sus peticiones al Gobierno. El año pasado, el invitado de honor fue el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes. Hoy lo será su sustituto en el cargo, Rodrigo Rato.El vicepresidente segundo del Ejecutivo se encontrará con un sector preocupado porque los recortes presupuestarios se centren casi exclusivamente en la inversión pública, motor del sector constructor. De acuerdo con los datos manejados por las empresas, la inversión pública rondará este año los 530.000 millones, lo que supone un descenso de casi 200.000 millones respecto a 1995. Por ello, la petición básica de los constructores a Rato -que también ha sido transmitida al ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado- será que la inversión no se recorte en los presupuestos del año próximo.

Un nuevo recorte podría perjudicar notablemente al empleo (100.000 millones de inversión suponen caer unos 20.000 puestos de trabajo) y dejar en muy malas condiciones la cartera de obras (hoy con unos 16 meses de media), dado que los constructores dudan de que la ansiada financiación extrapresupuestaria pueda traducirse en obra real en al menos un par de años. Ése es el periodo que calculan que pase hasta que se defina el marco legal de esa nueva figura, pase por el Parlamento, se convoquen y resuelvan los concursos y se puedan meter las máquinas en el terreno. Además, la financiación privada extrapresupuestaria tampoco parece ser la salvación del sector. "No hay tantos proyectos rentables como para que se produzca una huida masiva de fondos privados hacia ellos", señalan fuentes financieras. "Lo más probable es que al final se imponga una financiación mixta pública-privada en función de la rentabilidad de cada proyecto".

Para definir todas las aristas de este problema, Fomento ha creado una comisión de estudios, en la que están presentes miembros del equipo de Arias Salgado, un catedrático y representantes de los bancos y las cajas. Además, dos grupos de empresas han encargado sendos informes para determinar las obras rentables y las fórmulas financieras más efectivas.

El segundo asunto que abordarán los constructores en su reunión con Rato es la deuda que mantienen con ellos las administraciones públicas, aunque no toda ella es competencia del Gobierno central. En estos momentos, la deuda asciende a 850.000 millones, aunque lo que más inquieta al sector es que el plazo de pago ronda los siete meses, cuando la media en el resto de los sectores no supera los tres meses.

Este retraso, además, repercute en el resto de la cadena de la construcción, especialmente en los subcontratistas, que cobran 10 o 20 días después. Esta situación se está agravando porque la escasa licitación provoca una feroz competencia en precios, que ha llevado a que la rebaja media que introducen los constructores sobre el precio de salida de la obra sea del 35%.