Rebelión vecinal contra el plan del PP de urbanizar en la playa de Vigo

Oposición y vecindario coinciden en el veredicto: "Es una chorizada". El Gobierno municipal de Vigo (PP) estrena su política urbanística en una zona altamente sensible, la playa de Samil, con la propuesta de construir en ella 500 viviendas. El proyecto sólo puede entenderse, según sus detractores, en función de los intereses de dos promotores. "Es el regreso de los viejos usos urbanísticos de la derecha" sentencia el senador y el ex alcalde socialista Carlos Príncipe. "Sobre Samil planea la sombra de la corrupción política del PP". El alcalde, Manuel Pérez, responde que se está utilizando "la injuria y la mentira" para manipular a la opinión pública.

El vecindario de Vigo amenaza con tomar la calle cuando quiera y sin avisar. "Por la defensa de la playa", es su lema. La Federación de Asociaciones de Vecinos ha presentado 30.000 firmas, el 10% de la población viguesa, reclamando someter el asunto a referéndum. El reglamento de participación ciudadana admite esa posibilidad si lo pide el 8% de la población. El Gobierno del PP en el Ayuntamiento ha encargado a una empresa privada el chequeo de las firmas para comprobar su autenticidad, pero mientras tanto ya ha aprobado el avance de su plan para Samil.Los vecinos no lograron mucho por esa vía de las firmas, después de reunir 27.000, contra una subida de tasas. Ahora, más del 80% de los vigueses están en contra", dice José Sánchez Vázquez, líder de la movilización vecinal. "Iremos a La Moncloa, adonde haga falta, para impedir que realicen ese proyecto. Samil es de todos", apostilla este portavoz de los vecinos.

La playa más grande

La playa de Samil es la más grande (1.700 metros) y popular de Vigo. También la más urbana y familiar. En una ciudad desprovista de un centro urbano al uso, Samil, a tres kilómetros del centro virtual, cumpliría esa función en tanto que zona de ocio más frecuentada: cafeterías, canchas deportivas, piscinas, multitudinario paseo marítimo... Los vecinos entenderían una planificación de todo ese ámbito, pero el proyecto que auspicia el Gobierno local se limita a un polígono de nueve hectáreas, con un frente a la playa de 600 metros.Las 500 viviendas, según el plan, ocupan 19 bloques de 12 metros de altura y su construcción permitía hasta ahora convertir la mitad del polígono en suelo público, viales incluido. Las medidas liberalizadoras anunciadas por el Gobierno de José María Aznar lo reducen a un tercio. Hay además que barrer del solar 22 chalés, construidos con todas las de la ley, e indemnizar a sus propietarios: no menos de 1.000 millones de pesetas.

La oposición municipal, a través del nacionalista Lois Pérez Castrillo, y el socialista Carlos Príncipe, no escatiman descalificaciones contra el proyecto. "Una tomadura de pelo a la ciudadanía, dice el primero.

Todo está montado, según ellos, para favorecer el interés especulativo de dos promotores-constructores, dueños de los solares más urbanizables del polígono. "No sabemos de ningún promotor interesado en asumir nuestro plan", replica Manuel Pérez. "En la oposición no hay argumentos políticos, sino mentiras, manipulación, demagogia e invitación al desorden. El anterior alcalde no tiene autoridad moral ni política para calificar a nadie de político corrupto". Los dos promotores de esta guerra viguesa son José Rodríguez Álvarez y Ramón Hernández Cid. Al primero lo distinguen en Orense, donde vive, como El Pepe de Oteca, por su empresa constructora. La empresa está en suspensión de pagos. José Rodríguez admitió haber pagado hace cuatro años comisiones millonarias a un falso recaudador del PSOE, José Ramón de la Torre, para acceder a contratos de obras públicas dependientes de la administración socialista. Por esa vía no lo consiguió, claro está. El desarrollo de Oteca, según fuentes del sector, está directamente relacionado con sus contratos de obras para la Xunta y otras instituciones controladas por el PP.

Rodríguez Alvarez ya había pedido licencia en 1991 para construir en esos solares de Samil una torre de apartamentos. El proyecto era del arquitecto Desiderio Pernas, fallecido el año pasado, fundador de AP (ahora PP) y responsable de gran parte de la fisonomía que toma Vigo con su desarrollo urbano: él solo facturaba en 1970, por señalar una fecha central de aquel proceso, el 30% de los honorarios de todos los arquitectos colegiados en la ciudad.

El Gobierno del socialista Carlos Príncipe negó la licencia a su proyecto para Samil, "y ahora vuelven a la carga con algo parecido", interpreta el ex alcalde.

Al promotor Ramón Martínez Cid, por su parte, se le vincula a Agustín Arca, político local que desborda todas las adscripciones partidarias desde que empezó como concejal del franquismo. Nunca perdió influencia en la política urbanística, particularmente en Samil.

Político y constructor están implicados en un proceso judicial abierto por una permuta de terrenos del constructor por otros municipales. En el transcurso de esa operación el Ayuntamiento puede haber perdido casi 200 millones. Arca cortó su respaldo al Gobierno municipal anterior, en el que figuraba como independiente, lo dejó en minoría año y pico antes de las elecciones e instaló la sede de su partido, UVI (Unión de Vigueses Independientes), en un edificio construido por Martínez Cid en la parcela municipal permutada.

"Arca nos dejó colgados cuando tuvo la certeza de que no íbamos a dar las licencias de Samil a sus amigos", dice Carlos Príncipe. El ex alcalde y actual portavoz socialista en la oposición concluye: "En buena medida, nos hizo perder la alcaldía, también por los votos que nos sacó luego. La operación urbanística de Samil está en el lote de la anterior operación política".