Cerca de Euskadi

EL TRASLADO de aproximadamente un tercio de los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco es una medida comprensible. Lo piden desde hace tiempo grupos pacifistas y partidos nacionalistas. El Parlamento vasco aprobó a finales de 1995 una resolución en este sentido. Igual de comprensible es que algunos sectores sean reticentes a una medida que alguno interpretará como una concesión a ETA, especialista en capitalizar cualquier debate mediante su intervención violenta. En enero secuestró al funcionario Ortega Lara. Desde entonces, sus portavoces no han dejado de hacer explícitas las amenazas implícitas en todo secuestro. El dilema está en cómo responder a una aspiración razonable sin que pueda presentarse como una claudicación de las instituciones ante su chantaje.Incluso políticos partidarios del acercamiento, como Arzalluz, opinaron que, mientras Ortega estuviera en poder de sus secuestradores, cualquier iniciativa en esa dirección debería paralizarse. Otros, como Garaikoetxea y Atutxa, opinan que renunciar a algo que normalmente se hubiera hecho supone someterse por otra vía a los designios de los terroristas. Atutxa argumenta que el alejamiento de los presos favorece las presiones del entorno de ETA y HB en la medida en que obliga a las familias a contar con ellos para organizar las visitas. Sabido es que la táctica de agitación de ETA y su entorno pasa por explotar el dolor de las familias que tienen algún miembro preso por delitos de terrorismo.

El ex ministro Belloch, por el contrario, piensa que el alejarniento es una garantía para que los presos que lo deseen puedan "desvincularse de la secta" libres de las presiones del mundo radical. Los colectivos de presos se han visto, de hecho, debilitados por la política de dispersión y mermados en su capacidad alejamiento.

Ahora parece cuajar la estrategia de acercar a los presos a Euskadi evitando el reagrupamiento. Se trata de hacer compatible la lógica aspiración de las familias a tener cerca a sus allegados con la decisión de sustraer a los presos del agobiante control de ciertos abogados, visitadores profesionales y liberados de las Gestoras. El Gobierno ha anunciado su disposición a estudiar el acercamiento de manera individual. Se trata de acercar a cárceles vascas o de provincias limítrofes a los reclusos cuyo comportamiento les ha permitido alcanzar el segundo grado.

Nadie debe ver en esto una concesión a los violentos. Ni siquiera los líderes populares que atacaron al anterior Gobierno por otras medidas tendentes a romper la irracional solidaridad de los terroristas en la cárcel. Mayor Oreja demuestra sensatez y mesura en su política antiterrorista. La efectividad policial y la cooperación internacional no están reñidas con una actitud inteligente que aleje al mayor número posible de vascos de la violencia, sean estos presos, familiares o simpatizantes.