18 meses de cárcel para el ex alcalde de Pinos Puentes por el fraude al PER

La Audiencia Provincial de Granada ha condenado al ex alcalde socialista de Pinos Puente Juan Ferrándiz y al ex concejal José Heredia a un año y medio de prisión cada uno y 100.000 pesetas de multa por el delito de falsedad en documento público en el mayor caso de fraude al subsidio agrario del Plan de Empleo Rural (PER) registrado en Andalucía. En la sentencia, que será hecha pública el próximo lunes, se absuelve a los seis jornaleros que estaban acusados, así como a un alcalde pedáneo y a un funcionario municipal.Fuentes judiciales indicaron que el tribunal de la Sala Segunda de la Audiencia de Granada había considerado que los seis jornaleros que se sentaron en el banquillo, acusados de un delito de estafa, no habían tenido la intención de engañar, y que hicieron uso de las peonadas falsas por el estado de necesidad en el que se encontraban.

El fraude al PER, que empezó a ser investigado en 1990, había comenzado a producirse en 1987. En Pinos Puente se firmaran entre esos anos más de 200.000 peonadas para 4.000 jornaleros, lo que, según los cálculos que se barajaron durante el juicio oral, pudo suponer un quebranto de unos 990 millones de pesetas para el Instituto Nacional de Empleo (INEM). La Audiencía de Granada exime al Estado, como responsable civil subsidiario, de la obligación de pagar lo defraudado.

Estado de necesidad

El ministerio fiscal, que en un principio solicitó penas mayores para los acusados -tres años de prisión y siete de inhabilitación para el ex alcalde Juan Ferrándiz- decidió rebajar la petición de pena en las últimas sesiones del juicio en virtud de la aplicación del nuevo Código Penal y del estado de necesidad en que se firmaron las peonadas.Juan Ferrándiz, que abandonó la vida política a raíz del estallido del fraude al subsidio agrario, siempre mantuvo que al llegar a la alcaldía se encontró con que la firma de peonadas falsas era una práctica habitual. A lo largo de los últimos años, los sucesivos juicios por el fraude al subsidio del PER se han ido desinflando pese a que han existido condenas contra varios alcaldes por falsedad en documento público. Las penas siempre ha sido leves pese a las peticiones iniciales de los fiscales de condenas más duras.

Esta última sentencia estima que, salvo el alcalde y el concejal, el resto de los acusados no actuaron con ánimo de cometer ningún tipo de delito ni de aprovecharse de la situación. Fuentes judiciales indicaron que no existen pruebas suficientes para establecer la culpabilidad del resto de los acusados que se sentaron en el banquillo.

Se da la circunstancia de que, en ninguno de los juicios que hasta el momento se han llevado a cabo por el fraude del PER han sido condenados los jornaleros. Sólo en el caso del juicio por el fraude en Villamena (Granada) el Supremo revocó la sentencia de la Audiencia de Granada para obligar a varios braceros a devolver el dinero que habían cobrado. Tampoco se han podido encontrar pruebas contra la Administración.